Año 61 | Nº de edición 20605

Hoy es

Avanza construcción del Nuevo Sistema Penal Oral

El Congreso local aprobó ayer la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal y la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lo anterior, como parte de las normas que en su conjunto conformarán el nuevo sistema de justicia penal.
Las tres leyes, cuyo iniciador fue el gobernador Mario Anguiano, se suman al nuevo Código Penal del Estado y a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, aprobadas en votación unánime en las sesiones del 6 y 14 de octubre, respectivamente.
El dictamen a favor de la creación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado señala que ésta armoniza el funcionamiento y organización de la PGJE al nuevo sistema de justicia penal.
Asimismo, establece la organización del Ministerio Público, sus atribuciones generales y se norma su actividad en la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito como fase preparatoria de la acción penal y en su caso.
En cuanto a la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, ésta contempla la creación del Programa de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal.
Dicho programa es el conjunto de operaciones realizadas por la PGJE o por el Poder Judicial, por conducto de la Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, dependiente del Ministerio Público.
El objetivo es garantizar la vida, integridad física, libertad y seguridad de la persona bajo protección o en determinados casos de sus familiares.
Además, establece los tipos de medidas de protección, dividiéndolas en procesales, extraprocesales y medidas de atención.
Con relación a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, el dictamen a favor de su creación señala que una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal es la prevención de la tortura.
En ésta se establece quiénes serán los sujetos responsables del delito de tortura o tratos crueles, siendo éstos las autoridades de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, los servidores públicos o terceros instigados o autorizados por los propios servidores públicos.
Las penas para estos sujetos serán multa, inhabilitación de cualquier cargo o pena privativa de la libertad de 1 a 10 años, sanciones que aumentarán en una mitad más cuando se cometan en perjuicio de menores de edad, personas incapaces o sean adultos mayores de 70 años.
Las tres leyes aprobadas ayer entrarán en vigor de manera gradual.
El 19 de noviembre de 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez; el 1 de abril de 2015, en Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán; el 5 de agosto de 2015, en Manzanillo, y el 12 de agosto en Tecomán, Armería e Ixtlahuacán.

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