El Derecho siempre habla

Jueves 18 de Mayo del 2017
JOSÉ GILBERTO GARCÍA NAVA

Nico tiene razón

HAGO un paréntesis en mi serie de artículos históricos que comencé hace 2 semanas, para referirme a la discusión que el martes pasado protagonizaron en el Congreso del Estado el diputado Nico y el presidente Héctor Insúa. El primero sostiene que si el Ayuntamiento de Colima no tiene a su cargo la seguridad pública (Policía Preventiva), no debe recibir recursos federales por dicha atribución, ni beneficiarse del cobro de multas generadas por infracciones a los reglamentos gubernativos o de policía cometidas en su territorio. Nico tiene razón. Veamos por qué.

Por decreto número 310, publicado el 30 de septiembre del año 2000, se refomaron diversos artículos de la Constitución del Estado, en armonización con la reforma nacional de 1999, al artículo 115 constitucional en materia municipal. Esta enmienda determinó entregar a todos los municipios del país, la materia de Policía Preventiva (que en la reforma de 1982 se había reservado el Gobierno del Estado en las capitales estatales), así como el servicio de agua potable. El transitorio tercero del decreto 310, otorgó un plazo al Ayuntamiento capitalino, presidido entonces por Enique Michel, que finalizó el 31 de diciembre del año 2000, para que por escrito manifestara su respuesta.

Aconstumbrado a modificar sus decisiones, primero Michel solicitó por escrito al Gobernador asumir la función y el servicio, por lo que se llevaron a cabo dos reuniones para ello (en el hotel Ceballos, yo estuve en ellas, pues era director de Gobierno, y también había participado en la reforma meses antes). Pero luego se echó para atrás, algo común en los panistas, y pocos días después dijo que siempre no.

Previendo esa actitud, dicho transitorio dispuso también: “En caso de negativa del Ayuntamiento de Colima para asumir la función y el servicio de Policía Preventiva, la facultad que actualmente ejerce de sancionar a quienes infrinjan los reglamentos gubernativos o de policía, serán transferidos al Gobierno del Estado”.

Como el Ayuntamiento de Michel Ruiz dijo finalmente que no, el gobierno estatal continuó prestando la función de Policía Preventiva, pero no debió continuar trasladando a los infractores a la cárcel municipal, sino establecer una cárcel preventiva propia, proceder a calificar las infracciones, y cobrar el importe de las sanciones pecuniarias. No lo hizo así el gobierno de Fernando Moreno; sus razones habrá tenido.

Sin embargo, la disposición transitoria constitucional está vigente, sigue siendo obligatoria, operante, y es de rango superior a cualquier ley o reglamento. Así que tiene razón Nico al afirmar que las autoridades municipales no deben infraccionar, ni cobrar las sanciones a los infractores, pero, en congruencia, la Policía Estatal no debe continuar trasladando a aquéllos a la cárcel preventiva municipal, sino hacerlo a su propio establecimiento, y proceder en consecuencia. No se requiere ni de aviso al Ayuntamiento, pues ser estaría procediendo en cumplimiento de una disposición constitucional vigente. Si no lo hace, sería asunto de la presente administración estatal.

Además, como el Ayuntamiento no ejerce funciones de seguridad pública, es incorrecto que reciba recursos federales ni coordinados, que deben entregarse a las entidades que sí la ejercen, como sí lo hacen las demás corporaciones municipales. Evitarlo es, lo repito, tarea de la administración estatal.

Con independencia de la determinación que en lo futuro, mediato o inmediato, tome el Gobierno del Estado, Nico está en lo correcto. Afirmar lo contrario por parte de Insúa significa: o no le asesoraron bien sus funcionarios o aquéllos ignoran esa circunstancia, o a pesar de todo, les vale un comino el cumplimiento de la Constitución. Usted tiene la palabra final en esta controversia, estimado lector.

Colofón Mi texanito ya empieza a mirarme con mayor atención, pone cuidado a mis chiquiadoras palabras, y su abuelo se inunda de alegría.

 

gilberto53colima@hotmail.com

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