Debate electoral

Jueves 25 de Agosto del 2016
ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO

Violencia política contra mujeres

ANTE la ausencia de un vacío penal, hace un par de meses, diversas instituciones de índole nacional, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, signaron el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en nuestro país.

Dicho documento surge de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales y responder a un contexto de violencia, en el pleno ejercicio de algún tipo de función pública. También se procura constituir y fortalecer la igualdad de las mujeres en espacios político-electorales.

¿Por qué es necesario un protocolo para atender la violencia política? Sin lugar a dudas, la implementación es un primer paso, que si bien no resuelve como tal la violencia, debido a que es claro que persiste un sinnúmero de hechos que obstaculizan el quehacer cotidiano de miles de mujeres que deciden trabajar dentro de un espacio público.

La violencia política afecta a las mujeres desde el momento en que no pueden ejercer a cabalidad su derecho a votar y a ser votadas; perjudica su desarrollo en la escena pública, ya sea como militantes de partido o aspirantes a algún cargo de elección popular; repercute a mujeres que deciden integrarse a organismos electorales; a las funcionarias o representantes de partido, por citar algunos ejemplos.

Para identificar si una mujer está siendo víctima de violencia política por razones de género, es necesario tener en cuenta:

1.- Cuando se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están orientadas en contra de la condición de ser mujer, cuando se involucra lo “femenino”, los roles, los prejuicios, etcétera.

2.- Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado o afecta desproporcionalmente a mujeres. Por ejemplo, en lo electoral se pueden ubicar casos evidentes, donde las reglas de participación, como postular a mujeres en distritos perdedores, inscripción de mujeres como titulares, y enseguida las hagan renunciar al cargo.

De acuerdo con la Fepade, durante el proceso electoral 2014/2015, en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco se presentaron casos de violencia política de género con mujeres que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, así como a familiares de candidatas. Tan sólo en 2015, se presentaron 38 denuncias de violencia política; para 2016 se presentaron 103 más. De manera reciente, la Sala Regional Toluca del TEPJF decide anular la elección municipal de San Felipe Orizotlán, Hidalgo, debido a la violencia de género.

Es claro que el protocolo, por sí mismo, no es suficiente; sin embargo, es fundamental comenzar a difundirlo, saber que la violencia política es una aterradora realidad que ha impedido que muchas mujeres accedan al mundo de la vida pública, y que algunas que ya están dentro también padezcan, en algunos casos, algún tipo de violencia.

De forma reciente, el Congreso de la Unión instaló una mesa de trabajo para analizar siete iniciativas presentadas en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados, con el objetivo de definir y tipificar la violencia política de género. El análisis legislativo será respaldado por la Consejería Jurídica Federal, el Inmujeres, el TEPJF y la Fepade, que depende de la Procuraduría General de la República, entre otros organismos. Esperemos que ahora sí se avance en implementar penas y castigos a quienes incurran en algún acto de violencia política. Las mujeres merecemos vivir en un verdadero ambiente libre de cualquier tipo de violencia.

 

*Consejera del IEE

consejera.isela@ieecolima.org.mx

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