Debate electoral

Jueves 21 de Abril del 2016
ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO

Ciudadanos de baja intensidad

EL fortalecimiento y la consolidación de nuestro sistema democrático han representado un cúmulo de ajustes en la parte normativa, donde hemos tenido una serie de reformas político-electorales que han producido cambios significativos en los niveles de acción del sistema electoral mexicano.

Por otra parte, las acciones sociales colectivas, representadas por medio de diversos grupos y manifestaciones sociales, han contribuido, también, de alguna manera, a generar transformaciones a la estructura electoral.

A lo largo de casi 20 años en México, desde 1977 hasta 1997, se centraron los esfuerzos por dotar de normas, instituciones y procedimientos que hicieran posible que la vía electoral, y no la lucha armada, fuese el campo de competencia por la batalla del poder político en México. Ello ha significado uno de los logros más importantes a nuestro sistema electoral, puesto que la lucha por el poder se ha ganado por vías pacíficas, ponderando, en todos los casos, la voluntad popular manifiesta.

Es claro que la coyuntura de 1997, con la integración de una institución electoral alejada del aparato gubernamental y mucho más cercana de la parte ciudadana, trajo consigo el fortalecimiento y la legitimidad institucional que la autoridad electoral y que el propio sistema político mexicano necesitaba. El cambio político y la transición del dominio de un partido hegemónico, fortaleció y oxigenó al sistema electoral y a la democracia en nuestro país.

Hoy día, podemos afirmar que nuestro país goza de estabilidad y normalidad electoral. Contamos con la integración de un sistema de partidos importante. Tenemos un sistema electoral que garantiza que las contiendas por el poder tienen que ser apegadas a los principios rectores de la función electoral, de una forma mucho más libre y transparente. Actualmente, la pluralidad democrática y la representación política son diversas y alternadas; podemos entonces ver integraciones políticas con diversos tintes partidistas.

Hemos avanzado, al ser un estado cada vez más garantista, en términos de derechos político-electorales; tenemos logros en libertades políticas, sin embargo, es claro que tenemos una cruda realidad que nos dice que somos un país con enormes contradicciones sociales, donde la pobreza extrema, la inseguridad, la crisis económica y la falta de oportunidades, entre otras, son parte de nuestra carta de presentación como Nación. Diversos estudios han destacado que México es uno de los países en los que menos confianza y credibilidad se tiene a las instituciones de todo tipo, y las electorales, por supuesto, no son la excepción.

Estaremos entonces frente a un tipo de ciudadanía, que de acuerdo a lo que describe el politólogo Guillermo O’Donell, es “de baja intensidad”; es decir, que los ciudadanos lo son en la medida en que participan de manera libre en elecciones, pero no reciben de los gobiernos elegidos todos los bienes y servicios públicos a los que se tiene derecho. En términos prácticos, pareciera ser que no somos ciudadanos plenos.

¿Cómo combinar entonces las condiciones de garantías y libertades políticas ganadas, basado en la gobernabilidad y la legitimidad democrática? En realidad, más que una duda, debería ser una apuesta por lograrlo; es decir, necesitamos consolidar y tener los avances necesarios en el fortalecimiento de las instituciones, en la organización de elecciones, en el pluralismo y la competitividad política, combinado con gobiernos eficaces que respondan a las demandas y necesidades que la sociedad exige.

Sin lugar a dudas, creo que el activo más importante que tendría que tener nuestro sistema electoral es la confianza. Es una obligación fortalecer desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia la confianza, no sólo en las instituciones, sino confiar en el otro, en el del lado; confiar como sociedad. Es urgente elevar el nivel de confianza y ser ciudadanos plenos, y no de baja intensidad.

 

*Consejera del IEE

consejera.isela@ieecolima.orga.mx

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