JUEVES POLÍTICO

Jueves 20 de Abril del 2017
JUEVES POLÍTICO

Efecto Duarte

 

LOS ojos de la opinión pública nacional están puestos sobre el caso de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, detenido en Guatemala y en proceso de extradición.

Acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada –en el orden federal– y de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de deber legal –en el estatal–, a Duarte de Ochoa le esperarían varias décadas de cárcel, si le prueban esos delitos.

Muchas son las dudas de los ciudadanos. Unos aseguran que es un caso arreglado para que el ex mandatario reciba una condena leve. Otros afirman que recurrirá a trucos legales para evitar la prisión. Unos más sostienen que se defenderá con la amenaza de “hablar” sobre corrupción en las altas esferas políticas. Una versión indica que habría negociado la entrega a cambio de que no se tocase a su esposa. La mayoría espera a ver el desarrollo de los acontecimientos.

De entrada, el proceso de extradición siembra dudas. Si Javier Duarte entró ilegalmente a Guatemala, ¿por qué México solicitó la extradición en vez de acordar con el gobierno chapín la deportación inmediata y capturarlo en territorio nacional? Extraditar al ex gobernador tardará entre 6 meses y un año, afirman fuentes de la PGR, salvo que el veracruzano se allane a la petición mexicana, pero si así lo hiciera, ¿a cambio de qué beneficios legales?

Entre probabilidades y especulaciones, trascendió que un día antes de solicitar licencia a la gubernatura y escapar, Duarte de Ochoa se entrevistó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Este le habría dicho que “es difícil trabajar con alguien tan cuestionado”.

Está claro que lo dejaron huir. Es cierto que legalmente resultaba inviable capturarlo en ese momento, pues aún no se separaba del cargo ni aun cuando lo hizo –el 12 de octubre de 2016–, pues un juez libró orden de captura 2 días después, el 14 de octubre, a denuncia de la Secretaría de Hacienda. Pero al menos Gobernación y la PGR le debieron colocar vigilancia permanente para seguirle los pasos a donde fuera, en tanto se libraba la orden de aprehensión, para evitar la fuga, que ocurrió a bordo de un helicóptero del gobierno veracruzano.

Todo eso genera aún suspicacias sobre la captura y un presunto “pacto” entre el gobierno y el ex gobernador. Es entendible, pues la impunidad es característica del sistema político nacional, en que participan todos los partidos y ahora hasta los independientes. En un país donde desde los Presidentes hasta los alcaldes incurren en actos de corrupción y sólo unos pocos de bajo rango son aprehendidos, la desconfianza popular es más que explicable. Ni siquiera a confesión de parte, como la del alcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez, Layín, quien reveló que “robé, pero poquito” (después se supo que ni tan “poquito” fue el saqueo) y la torpeza ciudadana se lo festejó y lo volvió a elegir.

Una interpretación política partidaria apunta que el gobierno ha procedido a capturar a Javier Duarte por interés electoral de cara a los comicios de este año en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, y los presidenciales de 2018. Si ese fue el motivo, es irrelevante. La verdad es el hecho. Todo gobierno tiene derecho a aprovechar las coyunturas políticas, pero sobre todo la obligación de aplicar la ley.

Sin embargo, al PRI le será insuficiente la aprehensión del veracruzano y hasta la del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, capturado en Italia por nexos con el narcotráfico.

Necesita el partido tricolor que el Gobierno Federal enlace una cadena de aprehensiones de ex mandatarios que han incurrido en innumerables delitos, sobre todo peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, desvío de dinero, simulación de reintegro de fondos federales, fraude fiscal y otros más. Requiere prolongar el efecto Duarte de Ochoa mucho más allá de un solo caso. Ahí está la larga lista que incluye a ex gobernantes de dos partidos (Guillermo Padrés, panista, Andrés Granier, el interino Jesús Reyna, Duarte y Yarrington, priistas, ya presos, más otros que están en presunta capilla). Sólo así podrá demostrar el presidente Enrique Peña Nieto que pretende acabar la impunidad en los estados y en el país.

Y un asunto de primordial importancia: que les decomisen el dinero y las propiedades mal habidas y regresen al tesoro de la Nación y de los mexicanos.

 

Caso Mario

 

LA captura de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es tema de singular importancia para Colima porque también aquí el ex mandatario Mario Anguiano Moreno enfrenta tres denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y una en la Procuraduría General de la República (PGR), así como un procedimiento de juicio político en el Congreso local, por haber incurrido en varios presuntos delitos, como peculado, ejercicio indebido de funciones y malversación de fondos públicos, durante su periodo sexenal.

En junio de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) presentó denuncia contra el ex Mandatario ante la PGJE, porque utilizó recursos de un crédito por 638 millones de pesos, contratado en agosto de 2015, para fines distintos a los autorizados por ley. Además, la misma querella fue promovida, aparte, ante la misma instancia, por la Legislatura local.

En octubre de 2016, de nuevo el Osafig, a través de su titular, Armando Zamora González, acudió a la PGJE a presentar la segunda denuncia de su parte y la tercera en total, contra Anguiano Moreno, esta vez porque derivado de la cuenta pública 2015, se le encontró responsable del desvío de fondos públicos por 67 millones de pesos.

Y ese mismo mes, el órgano fiscalizador interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos por irregularidades detectadas en la auditoría excepcional que se practicó al gobierno anguianista en los años 2013, 2014 y hasta agosto de 2015, donde se detectó presunta malversación de recursos federales.

A la fecha, todos estos casos legales se encuentran en proceso y, el pasado lunes, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez comentó en lo que respecta a las denuncias pendientes en la Procuraduría estatal, las cuales, dijo, se desahogan conforme a la ley.

El Mandatario estatal aseveró que debe actuarse conforme a Derecho en los casos de ex gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción, fuera de cualquier cuestión política, percepción que, sin duda, es ampliamente compartida.

En el caso Anguiano Moreno, indicó, debe cuidarse el debido proceso, para que los pasos que se den tengan solidez jurídica, lo cual es fundamental para que la averiguación y la probable consignación estén bien soportadas en la ley.

En lo que respecta al juicio político contra Anguiano Moreno, el Congreso del Estado se encuentra impedido de actuar en este caso, debido al amparo que a principios de enero de este año promovió y obtuvo el ex gobernador ante el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en esta capital.

En el Poder Legislativo se encuentra pendiente de dictaminar la auditoría excepcional que el Osafig realizó al gobierno anguianista de 2013 a agosto de 2015, cuyos resultados entregó Armando Zamora en octubre de 2016.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Santiago Chávez Chávez, dio a conocer esta semana que antes de que finalice abril presentará al Pleno el dictamen que corresponde a esa auditoría excepcional; una vez que sea votado, agregó, el dictamen pasará a la Comisión de Responsabilidades, para que dé inicio a los juicios correspondientes contra los ex servidores públicos involucrados. Adelantó que en ese documento se contemplan “dos o tres absoluciones” de ex funcionarios estatales menores, que acudieron ante la Comisión de Hacienda a presentar pruebas en su defensa cuando se les solicitó.

En su momento, el titular del Osafig, Armando Zamora, dio a conocer que entre las irregularidades detectadas en la revisión excepcional, en 2013 se detectó la erogación de 2 mil 169 millones de pesos en servicios personales (nómina y honorarios), lo que significó 920.2 millones de pesos más de lo autorizado, y se acreditó que se falseó y ocultó información contable.

Y en 2014, se advirtió la aplicación de 2 mil 307 millones de pesos en nómina, es decir, casi mil millones de pesos más de lo autorizado en el presupuesto anual, entre otras ilegalidades.

El caso Mario Anguiano tiene varias aristas que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y en su momento el Judicial, deben cuidar y resolver con estricto apego a Derecho, para evitar que cualquier resquicio legal dé cabida a la impunidad en un asunto que, a todas luces, es propio de la corrupción oficial que la sociedad mexicana ya no tolera y exige sancionar.

 

Crece el turismo

 

LA Semana Santa arrojó saldo blanco en playas y carreteras de Colima, lo cual se logró por la coordinación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la responsabilidad de los propios turistas.

En comparación con la Semana Santa del año pasado, en esta se registró un incremento de 9 por ciento la derrama económica, que pasó de 235 millones a 258 millones de pesos.

La Unidad Estatal de Protección Civil, las Unidades Municipales y grupos voluntarios dieron 972 servicios de apoyo a la población que visitó la entidad.

Al hacer un primer balance de la primera semana de vacaciones que abarca del viernes 7 al domingo 16 de abril, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez comentó que se registraron 101 rescates acuáticos, se otorgaron 380 apoyos turísticos, 105 atenciones prehospitalarias, 350 recorridos en playas, se localizaron 31 menores extraviados y combatieron dos incendios, entre otros servicios.

En el logro de estos resultados fue importante el trabajo conjunto de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, pero los involucrados en el Operativo de las Semanas Santa y de Pascua 2017 deben permanecer alerta, esta segunda semana.

Peralta Sánchez expresó que se busca que Colima se siga consolidando como un gran destino turístico para muchos mexicanos, así como internacional, lo cual se demuestra con resultados.

El secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, afirmó que se superaron las expectativas para este periodo, ya que este crecimiento de 9 por ciento en la derrama económica rebasa por 4 puntos porcentuales al 5 por ciento que se tenía proyectado.

Destacó un aumento en la ocupación hotelera promedio del estado, al pasar de 63.3 a 70.82 por ciento. En Manzanillo, subió de 73 a 80 por ciento, y en esta capital, de 44.5 a 59.6 por ciento.

En estas 10 primeras noches del periodo vacacional, la afluencia turística aumentó de 44 mil 385 a 51 mil 384 personas.

También es importante resaltar que en Semana Santa no se detectaran situaciones que pusieran en riesgo la salud de los turistas y la población en general.

La Secretaría de Salud reporta que con el fin de garantizar la inocuidad del “Cebiche más Grande del Mundo” para establecer el Récord Guinness y evitar un riesgo sanitario en las personas que lo consumieron, 36 trabajadores de la Coespris supervisaron la elaboración, almacenamiento y distribución de este platillo, vigilando que los procesos se apegaran a la normatividad sanitaria vigente.

La dependencia controló los puntos críticos de los procesos y garantizó la calidad microbiológica del producto, elaborado por iniciativa de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Los proyectos en marcha del Parque Ecológico La Campana y el zoológico del Ecoparc se sumarán a la oferta turística de la entidad.

Es bueno que se hayan superado las expectativas del turismo en este periodo vacacional, sin embargo, los resultados aún pueden ser mejores, pues falta mayor publicidad de los destinos turísticos.

El gobierno estatal debe informar puntualmente sobre el destino del dinero que aportan los hoteleros para promoción turística, cuyo esfuerzo debe verse reflejado.

Se requiere que en las carreteras del estado y en puntos estratégicos se coloquen más mapas de información turística, donde los visitantes puedan ver todas las opciones que ofrece la entidad.

Es bueno que se realicen eventos para atraer mayor turismo, principalmente a Manzanillo, como fue la competencia de lanchas rápidas de la Fórmula 1 o la justa Nacional de Motocross MX, sin embargo, es importante establecer atractivos permanentes que les den un plus a los destinos turísticos de la entidad. Uno de ellos será la Rueda de la Fortuna Monumental que se ubicará en el Mercado de Pescadores.

Debido a las políticas discriminatorias, el gobierno de Donald Trump ha beneficiado al turismo mexicano, pues gente que solía viajar a Estados Unidos cambió su destino y miles de ellos visitaron lugares del país.

Colima tiene playas, ríos, lagunas, esteros, montañas, monumentos históricos, zonas arqueológicas, por lo que el gobierno de Ignacio Peralta debe aprovechar estas ventajas y promover más este sector, que es uno de los pilares de la economía estatal.

 

A la postre

 

NUESTRO reconocimiento a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) que lograron imponer el Récord Guinness con la elaboración de 11 mil 480 kilogramos de cebiche que, además, fue preparado al estilo Colima.

Se trató de una iniciativa de los jóvenes estudiantes, respaldados por sus profesores y el rector de la institución, Humberto Uribe Preciado, que dejó en ridículo a los amargados de siempre que nada les parece y están en contra de todo.

No se trató de un concurso culinario o de establecer un récord mundial como primer objetivo, sino de aprender a trabajar en equipo, de incentivar en los estudiantes el valor de la solidaridad, pues participaron de todas las carreras que ofrece la UTeM, siendo los jóvenes los encargados de todo el proyecto, desde la planeación, logística, organización, preparación del platillo hasta lo referente a un evento que resultó exitoso y que se convirtió en un atractivo más para los visitantes de Manzanillo en la Semana Santa.

Los propios estudiantes lamentaron días antes de la preparación del cebiche que algunos resentidos sociales buscaran demeritar su esfuerzo, cayendo en el terreno político.

Se demostró que una institución educativa sólida, bien dirigida y, sobre todo, con alumnos dedicados y concentrados en su preparación, como la UTeM, puede alcanzar metas que los distingan a nivel mundial.

Es corto el plazo que tiene el Congreso del Estado para hacer las reformas al Código Electoral local, para que en el próximo proceso comicial se aplique la reelección de alcaldes y diputados locales, y se incluya lo referente a la equidad de género.

Varias voces se han pronunciado en el sentido de que el límite es el 30 de junio y a pesar de que los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, Federico Rangel; PAN, Luis Ladino; y Nicolás Contreras, de Nuestro Compromiso por Colima, han informado que tienen sus respectivas iniciativas, el tiempo apremia y deben ponerse de acuerdo para presentar una iniciativa que todos respalden.

Tomando en cuenta como son nuestros legisladores, no es descabellado pensar que vayan a tardarse tanto, que cuando al fin se dedican a hacer la reforma sea demasiado tarde, o bien, que por la premura, saquen una iniciativa deficiente, lo que puede afectar el proceso electoral que formalmente se inicia el 15 de octubre de este año.

Familias manzanillenses que confiaron en la Fundación del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez han sido víctimas de un fraude entregando dinero como anticipo para materiales de construcción y otros artículos que nunca les dieron.

Ante la denuncia pública y la amenaza de demandar al legislador, Preciado Rodríguez trata de evadir su responsabilidad, culpando a una persona, de la cual sólo dijo que se llama Karla, pero no ha dado la cara a los defraudados, cuando la fundación está bajo su responsabilidad, de lo que haga o deje de hacer.

Esas personas entregaron su dinero confiando no en una mujer de nombre Karla, sino en lo que ofrecía Jorge Luis Preciado, quien, por cierto, es especialista en inmiscuirse en asuntos que tienen que ver con desfalcos y mal uso de dinero, como el escándalo dado a conocer en 2006 en el libro Las manos sucias del PAN, de José Reveles, donde se documenta un desfalco millonario por complicidades entre legisladores panistas y el Poder Ejecutivo para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón.

Está también el escándalo de la construcción de su castillo, en Montitlán, para lo cual se saltó todos los trámites y permisos que debería obtener ante el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, sin pagar impuestos.

Los afectados porteños deben presentar la denuncia y las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias. Por lo pronto, si el senador Preciado tiene algo de seriedad, debería de regresarles a las víctimas su dinero de inmediato.

Se empiezan a dar reacomodos de cara a los comicios de 2018. En Manzanillo, tres regidores que eran de la fracción panista, Joaquín Sánchez Cosío, Enrique García Pérez y Juan Campos Cárdenas, se unieron a las filas del PVEM y respaldarán el proyecto de Virgilio Mendoza Amezcua.

En tanto, los regidores Héctor Anaya, de Villa de Álvarez, y Sergio Polanco, de Coquimatlán, abandonaron las filas de Movimiento Ciudadano, aunque no han dado a conocer los motivos ni si emigrarán a otro partido.

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