JUEVES POLÍTICO

Jueves 12 de Enero del 2017
JUEVES POLÍTICO

Bajo amenaza

 

LA Coparmex respondió con sensatez al apresurado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia presentado por el Gobierno Federal el lunes reciente. La organización patronal se negó a suscribir el convenio porque, adujo, “se entregó 2 horas antes” de la firma, que sí avalaron el Consejo Coordinador Empresarial, la CTM, la CNC y, por supuesto, funcionarios del Gabinete presidencial.

No obstante su oposición a este convenio, la Coparmex aseguró que México sí necesita un pacto, pero que contenga necesidades reales y consultadas. Para eso, propuso a debate medidas como las siguientes:

1.- Impulsar la economía familiar y el empleo digno. Y en este rubro, eliminar programas sociales duplicados, lo que representaría un ahorro de 200 mil millones de pesos anuales. Aprobar la deducibilidad fiscal a 100 por ciento de las prestaciones laborales. Bonos de productividad sin cargas fiscales para los trabajadores.

2.- Mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica, mediante el recorte real del gasto público, evitar aumentar el precio de las gasolinas en meses subsiguientes, reducir el gasto publicitario y el subsidio a los partidos políticos; una partida especial para refinación de carburantes en el país.

3.- Promover el Estado de Derecho y combatir la corrupción.

Contienen más especificaciones las propuestas, y todas son debatibles, advierte la Coparmex, que de esta manera se muestra propositiva.

Lo cierto es que el país está en riesgo y en camino a una crisis de gobernabilidad, si no se toman medidas correctivas de los errores cometidos por el gobierno.

El aumento de golpe de 20 por ciento a los combustibles y la cadena de incremento de precios que ha desatado ya lo recibió la gente como agresión del gobierno y una muestra de insensibilidad ante una circunstancia económica de por sí difícil. Resultó el catalizador de las inconformidades que se han acumulado en 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Vinieron en cascada las protestas. En todo el país, se alzó la voz de la inconformidad. Es cierto que en parte han sido impulsadas por institutos políticos, pero en muchas ocasiones intervienen sólo ciudadanos sin partido que se organizan de manera espontánea.

También es verdad que al amparo de las manifestaciones, aparecieron el vandalismo y el saqueo, hechos delictivos que la mayoría repudia. Hay analistas que sostienen la intervención gubernamental para alentar la rapiña y así desprestigiar las protestas. Pero también es cierto que hay vándalos que actúan por su cuenta en río revuelto. En el colmo de la inconsciencia, hasta policías participaron en el robo masivo en al menos un estado.

La petición de renuncia al Presidente (el cargo es irrenunciable, y se aplica sólo la licencia temporal o definitiva) y el señalamiento de otras demandas sociales son muestras de una población que se ha hartado de vivir en crisis permanente y observar cómo los políticos de alto nivel se reparten el botín del saqueo, el robo a las arcas públicas.

Peña Nieto y su Gabinete tienen la posibilidad de reaccionar positivamente. Pueden revertir el alza de los combustibles, deben atrapar y encarcelar a políticos corruptos, sobre todo a los 12 ex gobernadores imputados de delitos diversos, como depredación del erario, negocios ilícitos y blanqueo de dinero.

Pueden corregir, atenuar las consecuencias y demostrar que el gobierno es para el bien colectivo, no para imponer medidas que dañan la economía e irritan tanto que se pone en riesgo la gobernanza. El país está bajo la amenaza de entrar al despeñadero.

Ese peligro es real y se debe reaccionar ante él para conjurarlo con medidas políticas, sociales y financieras que beneficien a la gente en vez de perjudicarla como se ha hecho hasta ahora.

De otro modo, la inconformidad puede crecer más y desestabilizar la vida nacional. Parece poco hoy, pero recuérdese, por ejemplo, cómo empezó el movimiento estudiantil de 1968 que terminó en masacre, pero también abrió el muro político antes infranqueable de un régimen autoritario. Aquellas movilizaciones gigantescas y protestas de cientos de miles de ciudadanos se iniciaron por un abuso gubernamental (un disparo de bazuca a la puerta de una preparatoria, tras un pleito de porros y estudiantes) que en ese momento parecía poca cosa.

Es hora de rectificar, antes de que el país se trastoque y sobrevenga el caos.

 

Apoyo a familias

 

ANTE el incremento desproporcionado a las gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica, hay una fuerte irritación social contra el Gobierno Federal y los estatales. Con justa razón, los ciudadanos exigen que las autoridades resuelvan esta problemática que ha generado una escalada de precios en productos y servicios.

Hay molestia y preocupación en las familias, porque se advierten más incrementos en este mismo enero y el próximo febrero.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó el lunes el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, pero el mismo no satisface a la población, por considerarlo un catálogo de buenas intenciones.

En Colima, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer ayer las Medidas de Apoyo a los Colimenses para mitigar el impacto originado por el incremento al costo de los combustibles.

Anunció que propondrá al Congreso local mantener hasta septiembre el pago del holograma fiscal sin multas ni recargos, además de incluir descuentos a quienes lo cubran en el primer y segundo trimestre.

Asimismo, enviará una segunda iniciativa al Congreso para que en 2017, al no ser año electoral, se reduzca 50 por ciento el financiamiento de partidos y ese dinero se destine a programas sociales. Sin duda, una medida acertada.

Plantea exentar del Impuesto Sobre la Nómina a empresas por todo nuevo empleo que sea creado durante este año y anunció un programa de financiamiento a bajo costo para la adquisición de calentadores solares.

Dijo que reactivará todos aquellos programas que contribuyan a hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica, tanto en los hogares como en las empresas, y destacó que se realizarán compras consolidadas de fertilizantes y agroquímicos para ofrecer a los productores los mejores precios de mercado.

Ayer mismo, Peralta Sánchez publicó la convocatoria del programa de pensiones a adultos mayores de 60 a 64 años, para que quienes resulten beneficiados reciban los recursos con la mayor celeridad posible.

Igualmente, invitará a los Ayuntamientos a que implementen medidas compensatorias de apoyo a la sociedad en coordinación con el Gobierno del Estado.

El Mandatario estatal dijo que gestionará ante la administración federal que Colima no quede fuera de ningún beneficio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía Familiar.

Además de estas 10 Medidas de Apoyo a los Colimenses, Ignacio Peralta reiteró que sigue firme su compromiso de no reemplacar automóviles este año y mantener al 100 por ciento el subsidio a la tenencia. Tampoco se crearán gravámenes ni subirán los ya existentes, y no se incrementará el costo de servicios y trámites de gobierno.

Aseguró que mantendrá su política de ahorro presupuestal, incluyendo nuevas acciones, como disminuir 20 por ciento el consumo de combustible del gobierno, a excepción de áreas que atiendan programas sociales, seguridad pública, salud y protección civil.

Y afirmó que ni él como Gobernador ni ningún funcionario de su administración contarán con telefonía celular pagada con recursos públicos. Asimismo, adelantó que se reducirán 25 por ciento los gastos en comunicación social, excepto aquellos orientados a campañas informativas en temas de salud, educación, seguridad y protección civil.

Este Plan de Austeridad deberá estar publicado en el Periódico Oficial antes de que concluya enero.

En varios estados, los gobernadores están haciendo ajustes. Por ejemplo, en Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, y en Zacatecas, Alejandro Tello, anunciaron que se reducirán 20 por ciento su salario, junto con el de los funcionarios de primer nivel.

Las medidas anunciadas por Nacho Peralta no resuelven la problemática del gasolinazo y los aumentos al gas y la electricidad, pero contribuyen a generar incentivos para la economía de las familias.

No obstante, hay asignaturas pendientes para su gobierno, como las tarifas del transporte público. En Jalisco, el gobierno estatal ya anunció que no aprobará subsidio ni aumento. En Colima, debe analizarse con cuidado este asunto, para afectar lo menos posible a los usuarios y a quienes proporcionan ese servicio.

 

Salarios elevados

 

LOS integrantes de la 58ª Legislatura local tienen diferentes partidas presupuestales que hacen que el ingreso mensual de cada uno de los 25 diputados se dispare hasta alcanzar los 132 mil 173 pesos.

Su dieta (salario) es de 77 mil 476 pesos, a lo que se suman 15 mil del fondo de ahorro, 10 mil en vales de gasolina, 4 mil 493 pesos para telefonía, 15 mil pesos por presidir una comisión y 10 mil por pertenecer a un grupo parlamentario.

El año pasado, los tribunos percibían 200 mil pesos mensuales, con la suma de los 68 mil pesos que correspondían a la partida de Previsión Social Múltiple que, según dijeron, este año desapareció. Sin embargo, el presupuesto del Congreso para 2017 sólo registra una disminución de cerca de 10 millones de pesos, cuando la cantidad anual que debieron reducir corresponde a 20 millones. Falta que aclaren dónde quedaron los otros 10 millones, si es que de verdad ya no reciben nada de la partida social que enardeció a los colimenses.

El excesivo incremento a las gasolinas y el diésel revivió el descontento social en todo el país. En general, la protesta está dirigida a la clase política, que no se solidariza con el pueblo para enfrentar la contingencia económica, pues tanto legisladores federales como locales, así como gobernadores, alcaldes, regidores, integrantes del Poder Judicial y de los organismos autónomos, disfrutan de beneficios adicionales a sus de por sí onerosos sueldos, lo cual tiene colmada a la población.

Para no enfrentar la inconformidad social, los tribunos locales no han sesionado. El pasado 5 de enero, un grupo de personas se manifestó en la explanada del Poder Legislativo, con la intención de hacerse escuchar por los diputados, quienes optaron por cancelar la sesión de ese día y pidieron el auxilio de los cuerpos de seguridad para resguardar el edificio.

Es decir, los representantes del pueblo se negaron a escucharlo. Evadieron su responsabilidad y se escondieron.

Apenas el martes, la fracción de independientes, que lidera Nicolás Contreras Cortés, remitió a la Oficialía Mayor del Congreso una propuesta para eliminar la partida de 10 mil pesos mensuales que reciben los legisladores para abastecerse de combustible.

Otros tribunos, en declaraciones a la prensa, anteponen pretextos para continuar recibiendo gasolina pagada por el erario, como son los casos de Luis Ladino y Leticia Zepeda. Algunos señalan que la necesitan para su trabajo legislativo y otros arguyen, pero no comprueban, que esos vales son entregados a asociaciones civiles o instituciones de beneficencia pública.

Lo cierto es que dadas las circunstancias económicas adversas del país y los incrementos ya aplicados que afectarán a la gente, los diputados locales deben renunciar a la partida mensual para la compra de combustibles y transparentar el uso que se le dé a ese recurso.

En otros estados del país, como Nuevo León, los legisladores locales ya renunciaron a los vales de gasolina, pero también anunciaron medidas de reducción de su presupuesto y se comprometieron a no incrementar salarios ni contratar más personal. En contraste, aquí los diputados recién adquirieron cinco vehículos nuevos, de 200 mil pesos cada uno, para, dijeron, personal administrativo.

En Colima, falta que los tribunos se comprometan y tomen medidas de racionalización del gasto público. Y urge que legislen para definir en un tabulador salarial los ingresos que deben percibir los funcionarios estatales y municipales.

Aun cuando son altos sus ingresos, la 58ª Legislatura no trabaja con eficiencia ni da resultados. Un año y 3 meses han transcurrido desde su toma de posesión, pero todavía no resuelven el principal asunto que vienen arrastrando desde el término de la Legislatura pasada, relativo al juicio político contra el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, por mal manejo de recursos públicos. Esto es, la corrupción que tiene harta a los mexicanos.

Pasó todo 2016 y se avanzó poco. A finales del año pasado, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera, se comprometió a que este mes quedaría resuelto el asunto, pero antier declaró que están frenados por cuatro juicios de amparo que interpuso Anguiano Moreno.

Esa papa caliente quema a los diputados, como también al gobierno estatal, que no ha resuelto las demandas presentadas contra el ex mandatario colimense ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por peculado y otros delitos.

Definitivamente, los ingresos de la casta política no son acordes a su desempeño y resultados. Y más que el alza a las gasolinas, el incumplimiento de sus responsabilidades públicas y la corrupción es lo que irrita a la gente.

 

A la postre

 

CUALQUIER protesta pierde su esencia y valor cuando al realizarse atropella los derechos de terceros. Es por eso que el bloqueo del puerto de Manzanillo es una acción que rebasa los límites de la legalidad y, por tanto, se convierte en un delito que en primer lugar ha de evitarse, pero de consumarse, debe sancionarse.

La advertencia de la organización Productores Unidos por Colima (PUC), en voz de su dirigente, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, de que hoy evitarán el funcionamiento del puerto, es grave y perjudicial para diversos sectores económicos y productivos del estado y del país.

¿Qué van a ganar con bloquear el puerto? Nada, absolutamente nada, pues no es la forma de protestar contra el incremento en el precio de los combustibles, ya que perjudican a quienes también se han visto afectados por lo que ellos reclaman.

Tiene razón el presidente de la Coparmex Colima, Mario Moncada Cantú, cuando dice que ese tipo de acciones repercuten seriamente en la economía del estado y no es así como debe manifestarse una inconformidad.

Coincidió el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo (Aaapumac), José Guerrero Flores, quien afirma que los bloqueos a la actividad portuaria no resolverán el problema social existente y en cambio generarán más pérdidas económicas, afectando a empresas y particulares.

Además, se pone en riesgo el empleo y sustento de cientos de familias que viven y dependen de un adecuado funcionamiento del puerto. El prestigio internacional de paz y tranquilidad laboral en el puerto de Manzanillo lo manchan manifestaciones estériles como la anunciada para hoy.

En su mensaje de ayer, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez fue claro al señalar que se garantizará el respeto absoluto a la libertad de expresión y de manifestación, pero también habrá una actuación contundente y decidida cuando se lleven a cabo acciones fuera del marco de la ley y esos actos se conviertan en vandálicos o cualquier tipo de hecho ilícito, lo que no se permitirá. Así debe ser.

Malos resultados ha entregado a sus gobernados el alcalde de Tecomán, Guadalupe García Negrete, quien no encuentra la forma de combatir la delincuencia, de todo tipo, en su municipio. Los homicidios son cosa de todos los días, y el edil, lejos de contribuir a la solución, anda pensando en ir a bloquear el puerto de Manzanillo.

La colindancia con Michoacán hace de Tecomán un municipio sumamente conflictivo en materia de seguridad. Por ello, García Negrete debe redoblar esfuerzos para mejorar en esta materia en vez de andar en la grilla donde nada tiene qué ver.

Quien da un buen ejemplo a sus homólogos es la alcaldesa de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, que esta semana entregó otras 13 patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con lo que suman 20 unidades más para esa corporación de diciembre a la fecha.

Con capacitación, equipamiento y mejores condiciones para los policías es como debe empezarse a trabajar para combatir la delincuencia y eso es lo que se está haciendo en aquel municipio.

La Semarnat negó el permiso para la instalación de una planta hidroeléctrica en Comala, en el río Armería, a la altura de las comunidades de La Caja y Zacualpan, por no aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Un triunfo para el Ayuntamiento presidido por Salomón Salazar Barragán, quien desde que se enteró de la intención de la empresa Generación Enersi, SA de CV, se opuso a la construcción de esa hidroeléctrica que causaría graves daños ambientales a las dos comunidades comaltecas.

Por cierto, de esa compañía no se dieron mayores detalles y nunca se explicó la finalidad del proyecto, ni quién o quiénes se encuentran detrás.

Sigue perjudicando a diversos sectores sociales y productivos del municipio la soberbia e ineficiencia del alcalde Héctor Insúa García. El martes pasado, vecinos de la colonia Jardines Vista Hermosa lo increparon, ya que aseguran que permite violar el Reglamento de Construcción del municipio con la edificación de unos departamentos en la calle Alfonso Reyes, que afectarán de diversas formas esa zona de la ciudad.

Como siempre, el Presidente Municipal panista confrontó a los vecinos y en pocas palabras les dijo que no habrá marcha atrás en esa construcción. Otra muestra más del autoritarismo e insensibilidad del Alcalde.

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