Presupuesto Participativo

Miercoles 10 de Agosto del 2016
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS

LOS ciudadanos son la razón de ser de la democracia y del gobierno, por ello, este último debe atender las voces que claman acciones y resultados que favorezcan el desarrollo integral de la sociedad. Ante tal escenario, existe un modelo de participación ciudadana, por medio del cual ésta decide en qué rubros u obras deben destinarse los recursos públicos. Se trata del Presupuesto Participativo.

El Presupuesto Participativo atañe directamente a los ayuntamientos, a los ciudadanos y a los Organismos Públicos Locales Electorales, y consiste en un proceso de consulta directa para la toma de decisiones; es decir, los ayuntamientos formulan una consulta a sus gobernados para que éstos, en ejercicio de sus derechos políticos y de su ciudadanía, manifiesten en qué quieren que se invierta el dinero que resulta del pago de los impuestos municipales. En el caso de Colima, el Instituto Electoral del Estado (IEE) funge como observador de dicho proceso, de tal modo que valida los resultados de dicha consulta.

El Presupuesto Participativo se rige por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima (LPCEC), la cual estipula en su artículo 67 que sólo tienen derecho a participar los ciudadanos que se encuentren al corriente en el pago del impuesto predial, concepto por el cual se obtienen los recursos públicos, objeto de la consulta.

Por otro lado, en el artículo 69 se especifica que los recursos asignados para efectos de dicho Presupuesto deberán utilizarse para la realización de obras que se mantengan dentro de determinados rubros, como son: obras públicas, infraestructura rural y urbana, medio ambiente, recuperación de espacios públicos, movilidad sustentable y alternativa, y servicios públicos a cargo del municipio.

Para la ejecución de este mecanismo, se diseñaron siete etapas que otorgan legalidad y certeza a la valoración y aprobación de las propuestas presentadas, mismas que se especifican en el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana, y son las siguientes: I.- Lanzamiento de la convocatoria pública por parte del Ayuntamiento para que los Comités Vecinales y ciudadanos en general participen con la presentación de propuestas específicas enmarcadas en alguno de los rubros generales; II.- Validación técnica de la viabilidad de los proyectos ciudadanos por parte del Ayuntamiento; III.- Votación; IV.- Cómputo y validación de los resultados por parte del IEE; V.- Publicación de resultados; VI.- Acatamiento y ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo; y VII.- Conclusión de los proyectos e informe de resultados por parte del Ayuntamiento.

Es importante precisar que así como las instancias gubernamentales tienen la obligación de escuchar la opinión pública, los ciudadanos también adquieren responsabilidades, como son: conocer las cantidades que se pretenden destinar a la consulta; participar por medio de Comités Vecinales o de forma personal con proyectos específicos para el uso de los recursos públicos sometidos a consulta; solicitar al Ayuntamiento la información necesaria para la construcción de propuestas; votar en la consulta, y fungir con observadores durante el proceso de consulta y conteo de votos.

En todo este proceso, y de acuerdo con el artículo 73 de la referida ley, al IEE le corresponde participar como observador durante la jornada de votación y conteo de votos, que determinará los proyectos a realizar con los recursos del Presupuesto Participativo; proporcionar a los municipios las herramientas y materiales necesarios para la realización de las consultas; validar los resultados de las votaciones, e informar, asesorar y capacitar a la ciudadanía en general sobre éste.

El Presupuesto Participativo es, pues, una prueba sólida de nuestra democracia, ya que a través de su implementación, la ciudadanía puede incidir en la transformación de su realidad, y con ello, gozar de mejores condiciones de vida.

 

*Consejera del IEE y periodista

Twitter: @verogonzalezc

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