Libertad de expresión y democracia

Miercoles 15 de Junio del 2016
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS

LA Constitución de Cádiz, promulgada por las Cortes Generales españolas el 19 de marzo de 1812, fue la primera Constitución en España, y es considerada una de las más liberales de su época. Su aplicación tuvo importantes repercusiones en la Nueva España, gracias a que en ella se plasmó y protegió la libertad de imprenta. De acuerdo con Joaquín Fernández de Lizardi, el primer objetivo de las Cortes al decretar la Libertad de Imprenta e integrarla a la Constitución, fue la de “contener con este freno, la arbitrariedad de los que gobiernan”.

Además, explica Reynaldo Sordo Cedeño en La libertad de prensa en la construcción del Estado liberal laico. 1810-1857, había un consenso, en el sentido de que la libertad de imprenta estaba estrechamente ligada a la educación e ilustración del pueblo; por tanto, en un sistema representativo, la libertad de prensa permitiría no sólo frenar la arbitrariedad de las autoridades, sino también proponer a los gobernantes opiniones sobre los diferentes problemas de la res publica. Así, lo público dejaría de ser patrimonio de unos cuantos y pasaría al ámbito del interés colectivo, y la sociedad podría discutir esos asuntos para terminar con la opacidad de las decisiones de gobierno.

La libertad de imprenta contemplaba que “todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación”. Dos siglos después de la promulgación de la Constitución gaditana, la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 6 y 7.

El artículo 6 estipula que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El artículo 7 señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

De acuerdo con los argumentos sostenidos por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza, en el voto de minoría que formularon en el Amparo en Revisión 2676/2003 (quejoso Sergio Hernán Witz Rodríguez), fallado por la primera Sala de la Suprema Corte en su sesión pública de 5 de octubre de 2005, “la libertad de expresión es uno de los derechos que radican en el núcleo mismo del Estado democrático de derecho”, y explican la faceta individual y colectiva de dicha libertad.

En su vertiente colectiva, destacan que “tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado, sino que constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa”.

Por su parte, Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el prólogo de la obra La libertad de expresión en materia electoral, de Miguel Carbonell, afirma que “la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes del Estado democrático, pues a través de ésta se permite el libre intercambio de las ideas, el cual resulta indispensable para la conformación del diálogo racional, cuyo fin es derivar en construcciones normativas y en la toma de decisiones plurales”.

 

*Consejera del IEE y periodista

Twitter: @verogonzalezc

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