Protocolo para violencia política de género

Miercoles 25 de Mayo del 2016
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS

DESDE hace por lo menos 4 años, legisladoras y funcionarias han estado insistiendo en la necesidad de que se tipifique como delito la violencia política de género. Si bien hasta ahora, en México no existe un marco normativo que proteja la voz de las mujeres que forman parte de las instancias públicas –lo que además ha permitido que la violencia en contra de ellas sea una constante que impide el pleno goce de su derecho a participar en la toma de decisiones–, recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras instituciones, elaboraron un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres.

Dicho protocolo se fundamenta en la necesidad de crear lineamientos que garanticen la libertad de las mujeres en el ámbito político, así como la rápida e íntegra atención de quienes han sufrido violencia por el ejercicio de su función. Para ello, se establece que resulta vital comprender que la violencia política se integra por todas aquellas acciones u omisiones que tienen por objeto interferir, impedir o afectar en cualquier grado los derechos políticos que el cargo público otorga, basado en razones de género y ocurridas dentro del ejercicio de los derechos políticos-electorales.

Asimismo, se advierte que detectar un caso de violencia política es complejo, debido a la naturaleza y circunstancias en las que se ejerce. Por ello, el protocolo ofrece una guía que facilita la indagación e identificación de los actos violentos con base en el género, con el fin de conseguir certidumbre y proceder de la manera más pertinente para la perjudicada.

Las expresiones que transgreden de manera directa e indirecta a las mujeres que ocupan escaños en la política puede originarse de diversas maneras: yendo desde lo simbólico, hasta agresiones de carácter psicológico o físico. Y puede suscitarse en cualquier contexto, ya sea en lo político, social, económico, cultural, civil, en una institución o en un partido político.

Para identificar si estamos frente a un caso de violencia política por razones de género, el protocolo establece dos principios: el primero ocurre cuando los hechos en contra de mujeres son causados por su condición, están ideados y encaminados específicamente hacia ellas, y se fundamentan en la percepción, basada en prejuicios y roles sociales; el segundo radica en la calidad del impacto y el grado de afectación de hechos que involucran a las mujeres, ya que la intensidad es mayor, distinta o se agrava por su condición de género.

El protocolo reconoce tres tipos de víctimas: directas, indirectas y potenciales. Las primeras son las que estuvieron involucradas en el acto violento, sufriendo daños de cualquier tipo, en cualquier grado y en cualquier contexto. Las llamadas víctimas indirectas son quienes guardan algún tipo de relación con el implicado, como es el caso de familiares y amigos. También se categoriza de esta manera a aquellas que sufrieron consecuencias por intervenir o prevenir estos casos. Por último, las víctimas potenciales temen por su seguridad, debido a que impiden o detienen la violación de los derechos de terceros, lo cual pone en riesgo su integridad.

Una vez realizado el hecho, la víctima adquiere una gama de derechos que la protegen y cobijan durante un proceso de denuncia, con el fin de facilitar dicho protocolo y garantizar la justicia y el Estado de Derecho. Algunos son el tratamiento sin discriminación, asesoramiento gratuito, recibir información, atención médica y psicológica gratuita, y confidencialidad e intimidad.

Sin duda alguna, el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, en el que también participan la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es el resultado de un esfuerzo interinstitucional para garantizar la equidad y la libre participación de las mujeres para la construcción de una mejor sociedad.

 

*Consejera del IEE y periodista

verogonzalez73@gmail.com

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