Derechos políticos de pueblos indígenas

Miercoles 18 de Mayo del 2016
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS

SE calcula que en América Latina existen 50 millones de personas que conforman 600 pueblos autóctonos. En Derechos políticos de los pueblos indígenas en Latinoamérica. Avances y desafíos, José Aylwin Oyarzún aborda la importancia que tiene el Estado de Derecho en estas comunidades. Por la trascendencia del tema, en este artículo se presenta una reseña de la obra, editada en 2014 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

José Aylwin Oyarzún es maestro en Derecho con especialidad en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, y se desempeña como profesor en la Universidad Austral de Chile. Comienza su obra situando al lector frente al panorama de marginación que han vivido los pueblos indígenas durante muchos años, y los movimientos político-étnicos que estos grupos han tenido que encabezar para el reconocimiento y defensa de sus derechos.

“La emergencia indígena”, concepto acuñado por analistas como Stavenhagen (1997) y Bengoa (2000), encuentra sus antecedentes en un largo proceso de toma de conciencia de los pueblos indígenas frente a su situación de opresión y marginación política, económica, social y cultural. Como parte de este proceso, explica el autor, quienes integran estos pueblos demandan que se les reconozcan los derechos individuales que les corresponden como personas y los derechos colectivos que les asisten como pueblos, entre ellos los referentes a la participación en las instancias de toma de decisión en los estados, el derecho a la libre determinación y a su autonomía.

En países en los que son minoría, los grupos indígenas han dado pie a un fenómeno que defiende y exige el establecimiento del principio de autonomía, para que se puedan resguardar los intereses de carácter jurídico-político de los pobladores. En países donde los indígenas son un sector importante por su amplia representación, se ha luchado por realizar reformas políticas de carácter nacional que tengan como principio la inclusión.

De acuerdo con el autor, se pueden detectar dos variantes geográficas ante la misma temática: el contexto de cada Nación latinoamericana, como es el caso de Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones de 2008 y 2009, respectivamente, fueron elaboradas por congresos constituyentes que contaban con la representación de los pueblos indígenas. Y el contexto internacional, conformado por organizaciones que velan por los Derechos Humanos y garantizan la protección íntegra de los pueblos indígenas. Así, se hace énfasis en el trabajo realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se incorpora el Cuerpo de Derecho (corpus iuris) en el sentido indígena, que forma una conexión y fortalece los pueblos autóctonos del continente.

En el caso específico de México, de los 2 mil 428 municipios existentes, 803 son considerados indígenas, y es en este nivel gubernamental donde se encuentra el espacio idóneo para el desarrollo de la concepción comunitaria indígena. El estado que se toma como objeto de estudio es Oaxaca, pues es ahí donde se encuentran marcadas limitantes para la democratización de las comunidades indígenas, entre ellas la intervención fáctica de los partidos políticos y la discriminación que sufren las mujeres en sus propios grupos.

Hacia el final de la obra, el autor advierte que un tema de preocupación para diversos analistas parece ser el de la consistencia de los sistemas de gobierno autónomo indígena con los Derechos Humanos, tanto en su forma de elección como en su desarrollo, en particular en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y de las minorías intracomunitarias.

Para concluir, podríamos señalar que esta obra nos permite dimensionar los grandes desafíos que existen en Latinoamérica para el reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos políticos indígenas, así como para la construcción de democracias inclusivas e interculturales en las que estos pueblos, y otros sectores de la población históricamente marginados, tengan el espacio político, económico y cultural que hasta ahora les han sido negados.

 

*Consejera del IEE y periodista

verogonzalez73@gmail.com

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