La pluralidad política

Miercoles 24 de Febrero del 2016
VERÓNICA GONZÁLEZ CÁRDENAS

El pasado viernes, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó la procedencia de los avisos presentados por tres asociaciones civiles que pretenden constituirse en partidos políticos estatales. Se trata del Frente Humanista Colimense, el Comité Fundador del Partido Colimote y Nueva Generación Azteca, esta última, también asociación política nacional.

De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos (artículos del 10 al 18) y el Código Electoral del Estado (artículos del 45 al 48), dichas asociaciones deberán presentar una declaración de principios, su programa de acción y estatutos que normarán sus actividades; realizar asambleas y recabar firmas que acrediten un número total de militantes en el estado, de por lo menos el 0.26 por ciento del padrón electoral que se utilizó en la elección local ordinaria del 7 de junio de 2014, para constituirse en partidos políticos estatales. Esto llevará varios meses, por lo que se habla de que sería hasta 2017 cuando podrían obtener su registro, con lo que estarían en posibilidades de participar en la elección local de 2018.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la existencia de los partidos políticos. En su artículo 41, párrafo primero, base I, estipula que los partidos son entidades de interés público, y que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Asimismo, especifica que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales; y que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos, y afiliarse libre e individualmente a ellos, por lo que quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Vale la pena recordar que si bien en sus comienzos, la democracia moderna no contó con la participación de los partidos políticos, tal y como los conocemos ahora, a lo largo de varias décadas, el sistema electoral mexicano fortaleció el régimen de partidos políticos, manteniendo en la legislación la exclusividad de éstos para postular candidatos a puestos de elección popular.

Si bien en 2014, la reforma constitucional en materia político-electoral termina con dicha exclusividad, al permitir a ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular postularse como candidatos independientes de los partidos políticos, y contender en las elecciones federales y locales, estamos de acuerdo con el investigador Jaime Cárdenas Gracia, en que “una vez que los partidos surgieron y se consolidaron, adquirieron una vinculación íntima con la democracia representativa, a grado tal que hoy no se concibe ésta sin la existencia y la actuación de los partidos políticos”.

En las sociedades democráticas modernas, los partidos políticos han contribuido a la creación de las instituciones, al fortalecimiento de los órganos representativos, incluso a la socialización política y la formación de opinión pública, dice Jaime Cárdenas. Yo agregaría que también han contribuido a la pluralidad política, a la educación cívica, a las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, y a las reformas político-electorales que plantean un empoderamiento de las y los ciudadanos, aunque en este último tema hay todavía un largo camino que recorrer.

 

*Consejera electoral del IEE y periodista.

Twitter: @verogonzalezc

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