Fractales

Martes 10 de Octubre del 2017
FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ

Caos gubernamental

POR desorganización y falta de transparencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atiende quejas por sismos; la mayoría de las quejas, por temas de atención a víctimas del siniestro, están relacionadas con actividades de búsqueda y rescate en inmuebles derrumbados.

El organismo dio a conocer en un informe, que inició las investigaciones por presuntas violaciones a Derechos Humanos, por 127 quejas recibidas, de las cuales, 119 ya están calificadas. La mayoría de ellas, 39, están relacionadas con actividades de búsqueda y rescate en inmuebles derrumbados.

La CNDH observó falta de aplicación en protocolos y normas en el manejo de cadáveres, una constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades, falta de un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron indistintamente militares, marinos, policías federales y gobierno capitalino, así como el desabasto de agua en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. La CNDH recibió anteriormente 82 quejas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Detalla el informe de la CNDH que ha solicitado información a distintas autoridades federales civiles y militares, estatales y municipales.

Ha dirigido 102 oficios, de los cuales 18 son solicitudes de medidas cautelares, 19 solicitudes de información a distintas autoridades, 33 oficios a los gobernadores y gobierno de la Ciudad de México para la difusión de los protocolos internacionales, y 32 solicitudes de implementación de protocolo al interior de centros penitenciarios.

Las tareas de reconstrucción y reparación de daños exigirán acciones coordinadas, pertinentes e integradas, con una perspectiva de corto, mediano y largo plazos; debiéndose emprender, de igual forma, acciones de prevención, para evitar, en lo posible, que en contingencias futuras se vuelvan a presentar afectaciones que podrían haberse evitado, expuso el ombudsman nacional.

Se suma a ello la carencia de transparencia y organización en la repartición de apoyos, inexistencia de censos de población afectada, necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle, escasez de seguridad, deficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, déficit de cobertura en comunidades aledañas a los municipios y sensación de abandono a dichas comunidades, son algunas de las faltas destacadas por la Comisión.

En 32 años después de la experiencia, con miles de muertos y desolación que dejó a los mexicanos el terremoto de 1985, ¡no hemos aprendido un carajo! Si bien contamos con el famoso Plan DN-III de las Fuerzas Armadas de 1966, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, y en 2013, el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación de la política de Protección Civil que fomenta la participación responsable del gobierno y activa todos los sectores de la sociedad. No obstante, el Sistema es inútil en su función, pero, además, porque se han erogado miles de millones de pesos para nada. Es un cascarón, con un alto costo monetario y una carga social.

Las instituciones civiles y militares encargadas de auxiliar a la población civil en casos de desastre y prestar ayuda para el mantenimiento del orden y la reconstrucción de las zonas afectadas, de articular y coordinar la realización de un conjunto heterogéneo de actividades dirigidas a garantizar el Derecho Humano de estar libre y exento de peligro, están echadas, son inoperantes, por la debilidad institucional, el burocratismo y la corrupción gubernamental.

El asunto que se reclama es la falta de capacidad de respuesta del gobierno, para atender una contingencia que amenace a la sociedad, donde lo más importante es salvar vidas a cualquier costo. Y el gobierno dejó morir a cientos de personas.

No hay fondos para la reconstrucción, alega el gobierno. No. Enrique Peña Nieto hizo compras de material de guerra por más de 1.2 billones de dólares. (Stockholm International Peace Research Institute).

 

*General Brigadier del Ejército Mexicano/ Doctor en Administración Pública (UNAM)/ Defensor de Derechos Humanos

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