Ley Fuerzas Armadas

Martes 29 de Noviembre del 2016
FRANCISCO GALLARDO RODRÍGUEZ

EL PAN en el Senado de la República propuso una iniciativa que expide la Ley de Seguridad Interior, la cual plantea regular la facultad del Ejecutivo federal para desplegar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Una función única y exclusiva de la autoridad civil, negada históricamente por la clase política.

“Durante los últimos años, el país ha tenido que recurrir al despliegue de las Fuerzas Armadas para sustituir y complementar el esfuerzo de las funciones civiles en materia de seguridad pública. Lo hemos hecho por la sencilla razón de una crónica debilidad de nuestras instituciones policíacas y, al mismo tiempo, por la letal incursión del crimen organizado”, dijeron.

La intervención militar en la seguridad pública no se debe a la debilidad de las policías, sino a una debilidad institucional del Estado, provocada por la compra del voto, es decir, por la ilegitimidad de la autoridades ejecutivas y legislativas en todo el territorio nacional.

En la iniciativa, sujeta al proceso legislativo, se precisa que el procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior será emitido mediante decreto presidencial y, además, se establecen convenios de coordinación y bases de colaboración entre la Federación, entidades federativas y municipios, para resolver las afectaciones a la seguridad interior. Para que el Presidente decrete una afectación a la seguridad interior, se debe ajustar al 29 constitucional.

En ausencia de un marco normativo con certidumbre jurídica y seguridad, las Fuerzas Armadas han realizado el deber patriótico de cuidar a las familias mexicanas en todo el territorio nacional. Siempre ha habido un marco jurídico de actuación para el Ejército: la Constitución.

Primero, se explicó que la fundamentación de su actuación depende de criterios jurisprudenciales, que reconoció que, efectivamente, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la garantía de la seguridad interior como una dimensión de la función de seguridad nacional. Una jurisprudencia de la SCJN no puede modificar el espíritu del Constituyente, “en tiempo de paz, las autoridades militares tienen prohibido realizar funciones de carácter civil”.

Segundo, establece que el Ejecutivo federal debe activar todos los mecanismos que tiene a su cargo el Estado mexicano, para evitar que una afectación o riesgo escale a tal grado, que se requieran intervenciones más dañinas y lesivas a los Derechos Humanos, como es justamente la suspensión de garantías. Ésta es un derecho constitucional. Salvo los desastres naturales, nunca ha habido una amenaza o riesgo a la sociedad. La clase política y el Ejército son una amenaza a la existencia del Estado mexicano.

La propuesta planteada regula con detalle, en el marco de la concepción democrática y Derechos Humanos, cuáles son los supuestos de afectación a la seguridad interior que justifican que el Ejército pueda desplegarse en territorio nacional y realizar funciones civiles.

La iniciativa tiene por objeto definir la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de contribuir a preservar la seguridad interior del país.

Precisa que la seguridad interior es una función de seguridad nacional a cargo de la Federación, y tendrá como fin preservar el orden constitucional, el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y los Derechos Humanos a nivel nacional; se crea el Comité de Seguridad interior, que auxiliará al Ejecutivo federal en la conducción de la política de seguridad interior, y estará presidido por el secretario de Gobernación, quien promoverá la efectiva coordinación y funcionamiento de éste.

En la actual circunstancia de crisis humanitaria, se debe hacer una revisión de las relaciones civiles/militares, para establecer las nuevas funciones del Ejército.

 

*General Brigadier del Ejército Mexicano, doctor en Administración Pública/UNAM, defensor de Derechos Humanos

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