Apuntes

Jueves 12 de Enero del 2017
MARIO CÁRDENAS DELGADO (ACPE)

Explicación pedida

EN estos momentos de justificada indignación nacional por el guillotinazo que nos aplicó el Gobierno Federal, con la complicidad del Poder Legislativo, resulta interesante lo que pueden decir Jorge Luis Preciado, Itzel Ríos, Hilda Ceballos y Mario Delgado (que representa a la Ciudad de México, pero es colimense), actuales senadores de la República, sobre sus privilegios y abultadas percepciones salariales y colaterales, como el apoyo para gasolina y transporte, entre otros muchos privilegios que sólo disfrutan ellos y los de su élite.

Y ya entrados en el tema, que den su opinión sobre esta información publicada el lunes anterior en los periódicos del Grupo Reforma, referente a que “en un año, el Senado elevó 151.6 millones de pesos en gasto de asesores, al pasar de 595 millones de pesos en septiembre de 2015 a 746.65 en 2016”. En el cuerpo de la misma se consigna que no obstante que esta Cámara financia al Instituto Belisario Domínguez, que entre otras funciones realiza la de asesorar a los legisladores, se elevó el número de contratados, de 795 a mil 341, con el concepto de “Remuneración al personal de carácter transitorio”.

Por este motivo, el Senado proyectó para este año un incremento de 234 millones al pago de su nómina, incluyendo la contratación discrecional de este personal, por lo que cada legislador puede dar al concepto de asesor la connotación que se le antoje y meter al presupuesto a las personas que le dé la gana, al fin y al cabo esta subvención, como todas las demás, las pagamos los cautivos de Hacienda.

En el mismo tenor, sería justo y honesto que el diputado federal priista Enrique Rojas, igual que Gretel Culin, Eloísa Chavarrías y Fernando Antero, de filiación panista; el verdecologista Virgilio Mendoza y a la perredista María Luisa Beltrán, transparentaran todos los recursos que reciben por su sacrificado, patriótico y agotador trabajo. Recordemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, aprobado por ellos, cada legislador recibirá, por concepto de sueldos y salarios, un millón 264 mil 536 pesos al año, más 678 mil 375 pesos, lo que da un total de un millón 942 mil 911 pesos, monto en el que se incluyen los vales para gasolina.

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, que presume de que su gobierno no actúa reactivamente ante los problemas, porque todo lo tiene fríamente calculado, aunque antes del gasolinazo nada dijo del tema a los gobernadores, al sector empresarial y a las organizaciones sindicales, podría explicar, como parte de lo bueno que, según él, cuenta mucho, qué alternativas analizó junto con sus “científicos”, antes de tomar la “dolorosa pero inevitable” decisión de incrementar el precio de los combustibles, que incluye el IVA y el oneroso Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), que gozan de cabal salud.

Decir también qué hace su gobierno con los miles de millones de pesos que incauta a los criminales y los que obtiene por el cobro de peaje en las autopistas, que es otro atraco; por qué no ordena a la PGR que aceleren las investigaciones contra los funcionarios y gobernadores ratas y sus secuaces, para que regresen lo que se robaron antes de que prescriban los delitos, y por qué, en aras de la austeridad que preconiza, mantiene en la nómina, con salarios superiores a los 2 millones de pesos al año, a varios delegados federales que utilizan el cargo sólo para hacer relaciones y vida social.

Que Peña nos diga por qué, para paliar la justa indignación popular, sigue ofendiendo la inteligencia de los mexicanos al recurrir al gastado recurso de maquinar pactos que supuestamente son legitimados por la iniciativa privada, el sector laboral y las autoridades estatales y municipales, como ocurre con el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, que no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones, como: Proteger la economía familiar; Fomentar las inversiones y el empleo; Preservar la estabilidad económica; y Preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho.

Si bien los cuatro ejes incluyen acciones y objetivos, considero que son demasiado generales, sin planeación previa ni indicadores para evaluar su avance, aunado esto a que el Presidente ya no tiene tiempo, credibilidad, ni suficiente fuerza política para garantizar su cumplimiento. Por otra parte, el Presidente soslayó aspectos que afectarán la economía y la estabilidad social del país y, por ende, el cumplimiento del Acuerdo, como la inestabilidad en los precios del petróleo, el “efecto Trump”, que 2017 es un año preelectoral, en que varios de sus colaboradores se dedicarán más a la grilla que a trabajar, y que él está en un tobogán de descrédito, que a estas alturas, nada ni nadie puede detener. Lamentable, pero cierto, porque se trata del jefe formal de las instituciones nacionales.

En fin, los diputados, los senadores, los magistrados, los consejeros electorales, muchísimos funcionarios y, desde luego, el Mandatario federal, tienen mucho que explicar a los mexicanos, pero dudo que lo hagan, porque la mayoría reza sólo para su santo. ¿Y el pueblo de México?, que se vaya al rancho de El Peje, han de pensar.

 

apuntesmario@hotmail.com

Protegemos su pago con los métodos más seguros: