ES conocido que en toda democracia el pueblo tiene el derecho de pedir cuentas a sus gobernantes, pero que esto sucediera en Colima sería tan peligroso como afirmar que ese estilo de gobierno efectivamente se ejerce en nuestro estado.
La queja más común de todos los ciudadanos hacia sus políticos es que suelen ser mucho más creativos con el dinero que les confiamos de lo que deberían, al grado de que terminan decidiendo que tal vez el sueldo que están recibiendo es demasiado bajo comparado con lo que ellos creen merecer, por lo que resuelven autoadjudicarse bonos secretos; en otras palabras, la principal queja que tenemos los habitantes de este país contra nuestros dirigentes electos es que nos roban siempre... o casi.
Está tan naturalizado este delito que ha llegado a ser aceptado tácitamente por los gobernados, al grado de preferir valorar al gobernante por las obras que hizo –por más pequeñas e insignificantes que sean– en lugar de exigirle cuentas. “Al cabo todos roban”, se escucha decir comúnmente; “todos son iguales, por lo menos éste sí hizo algo”, comentan por la calle, como si se trataran de favores de un rey designado por Dios, en lugar de obligaciones de un servidor público electo por votación popular con un sueldo establecido.
La gente ha pasado de estar harta a permitir ser atropellada, a agachar la cabeza y tolerar el desfalco cada vez más cínico y evidente del que temporalmente ocupa el poder, quizás porque no percibe como suyo lo que se están llevando. Porque no se dan cuenta de que ese dinero con el que los gobernantes adquieren su nuevo estatus de millonarios, con el que compran mansiones, ranchos, vehículos y demás objetos que confirmen su nuevo ranking social, es el mismo que nosotros pagamos con nuestros impuestos. ¿Quién de nosotros no ha sufrido un dolor de cabeza al ir a pagar la tenencia? ¿Cuántos no tienen que cortar su gasto corriente para poder pagar la factura del agua o del predial? ¿Cuántos empresarios no sudan la gota gorda cuando hay que contribuir con el 2 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina? ¿No les molesta saber que ese dinero, que debería destinarse a la manutención, renovación y perfeccionamiento de los servicios públicos, se va en vehículos costosos, palacetes, o incluso en la diversión de alguien que, abusando de su poder, lo toma para gastárselo en una borrachera? Por momentos pareciera que sí, pero también que es una molestia más con la que tendremos que lidiar en este año.
La deuda que recibió Mario Anguiano de manos de Silverio Cavazos es de mil 200 millones de pesos, de acuerdo a la versión del mandatario, y de mil 222 millones, según informaron legisladores de oposición. Es decir, si en Colima somos 593 mil habitantes, de acuerdo al censo de 2008, eso indica que, a todos los adeudos que tengamos y los incrementos de precios con que nos recibió este año, deberemos además de agregar 2 mil 23 pesos, según la declaración del gobernante, o 2 mil 60 pesos. Si cualquier persona de repente se enterara que debe esa cantidad de dinero, ¿no le gustaría saber por qué?
Es un derecho ciudadano el pedir cuentas, y una obligación de las autoridades el satisfacerlo, aunque se puede entender la negativa de Anguiano Moreno (y de algunos diputados) a auditar la inexplicable riqueza de su antecesor. ¿Se imagina usted que justo en su tiempo se acaben las canonjías y privilegios a los que todos los que estuvieron antes tuvieron acceso? ¿O que pudieran hacerle lo mismo al terminar su administración? ¡Ni hablar! El auditar al exmandatario podría resultar un muy mal precedente, no sólo para el que ocupa el cargo actual, sino para todos aquellos que ansían obtenerlo; incluso podría ser un muy mal augurio para Mario, quien dejó un adeudo en el municipio de Colima por 60 millones, de acuerdo a lo declarado por el actual alcalde de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.
¿Qué nos queda hacer a nosotros? ¿Cómo podríamos forzar al gobierno a hacer su trabajo sin excederse? ¿Cómo podríamos exigir justicia y la reparación del daño? “El trabajo del resistente es el de resistirse”, decía Gandhi, quien también manifestaba que “la no cooperación con el mal es un deber sagrado”. La negativa del gobernador está orillando a la población a la desobediencia civil, a la resistencia pacífica, cruzada que está liderando el actual diputado federal por el PAN, Leoncio Morán Sánchez, al pedirle a los ciudadanos no realizar el pago de la tenencia hasta que sus voces hayan sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo.
Posiblemente si sólo algunos no realizan el pago de la tenencia se puedan ejercer acciones administrativas en su contra, pero si hay una unión ciudadana, el gobierno no tendrá otra opción más que acceder a la ¡justa! (es importante señalarlo) petición ciudadana de saber qué es lo que se hizo con su dinero. De existir una desobediencia civil adecuada, organizada y pacífica, Colima podría recuperar el control sobre sus finanzas, sentando el antecedente de que a la administración pública sólo pueden entrar verdaderos servidores, y no cínicos oportunistas. De que las y los colimenses decidimos decir “¡basta!” al despilfarro y saqueo de nuestros recursos, poner una barrera al desfalco de nuestras finanzas, aunque esto, muy a su pesar, pueda constituir para los que deseaban enriquecerse a nuestras costillas un precedente un tanto inconveniente.

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