Lunes 25 de Febrero de 2013
         

LUNES POLÍTICO

El fantasma de El Chapo

PROFUSAMENTE, corrieron, el jueves de la semana pasada, versiones sobre la supuesta muerte del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Archibaldo El Chapo Guzmán Loera, presuntamente abatido en un enfrentamiento con militares en la zona selvática de Petén, en Guatemala, cerca de la frontera con México. La mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales abordaron la noticia, con informaciones de las autoridades de aquel país y de México.
Al día siguiente, el viernes, la prensa publicó que el ministro del Interior de Guatemala, Mauricio López, confirmó que dos supuestos narcotraficantes murieron en un enfrentamiento con la Policía en la región de Petén y que uno de ellos se parecía físicamente a Joaquín El Chapo Guzmán.
No obstante, el funcionario guatemalteco aclaró que no se podía confirmar que el fallecido fuese Guzmán Loera, el objetivo "más importante" del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado.
Asimismo, López anunció que agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) de México llegarían a Guatemala para hacer pruebas de ADN al supuesto cadáver que se parecía al capo mexicano para determinar si se trata o no de El Chapo.
La noche del mismo jueves, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno –en ese momento– no contaba con datos que confirmaran el presunto deceso del narcotraficante. Señaló que se mantenían atentos a la actualización de la información sobre el supuesto enfrentamiento en el departamento de Petén.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto procedió de manera correcta al no apresurarse a dar una versión sobre la presunta muerte del capo sinaloense. Lo mismo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien confirmó que se enviarían peritos de la PGR para hacer las pruebas de ADN al cadáver del supuesto criminal.
El viernes por la tarde, el funcionario señaló que el supuesto abatimiento del líder del Cártel de Sinaloa fue sólo un rumor. “Fueron rumores, ni siquiera el origen de ellos se ha podido determinar, se habla de algún periodista de Guatemala que dio a conocer en primera instancia este tema. Las fuerzas de Guatemala no han encontrado el lugar del enfrentamiento, ni vehículos o personas, yo lo dejaría en alguna filtración, no sé si mal intencionada”, sostuvo.
En suma, El Chapo se convirtió, de presunto cadáver, en fantasma errante del que nadie sabe nada.
El propio gobierno guatemalteco ofreció una disculpa pública por la noticia que difundió el jueves.
La administración federal de Felipe Calderón varias veces hizo el ridículo al dar a conocer información relacionada a la captura de criminales, por ejemplo, la presunta aprehensión de un hijo de El Chapo, que resultó falsa, pues se detuvo a otro hombre que nada tenía que ver con el vástago de Joaquín Guzmán.
También el gobierno calderonista quedó en vergüenza con el caso de Heriberto Lazcano, El Lazca, líder del cártel de Los Zetas, quien supuestamente fue abatido a tiros por el Ejército en Progreso, Coahuila, y posteriormente se informó que un comando “robó” el cuerpo del supuesto criminal de la funeraria a la cual había sido llevado, en Sabinas, de ese mismo estado. Las autoridades mostraron imágenes del cadáver, pero la duda se mantiene sobre esos hechos, pues los restos no han sido localizados.
Antes, la administración de Calderón Hinojosa, el 4 de junio de 2011, detuvo al empresario y ex candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, en poder de un arsenal y droga, presuntamente halladas en su propiedad. El ex alcalde de Tijuana tenía al menos 100 armas de fuego. A los pocos días, una juez federal dictó auto de libertad a Hank Rhon y a diez coacusados por falta de elementos para iniciarles juicio por acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y otros ilícitos relacionados.
Los gobiernos tricolores han demostrado ser más hábiles que los blanquiazules para tratar los temas relacionados con el narcotráfico y, al parecer, ahora la administración de Peña Nieto está preparando un golpe espectacular contra el narco y el crimen organizado.
Por lo anterior, cobran fuerza las declaraciones de Osorio Chong en el sentido de que Guzmán Loera “es un objetivo muy claro de este gobierno, le estamos dando seguimiento, la Marina y el Ejército, es el más importante para México, es el más importante objetivo, pero hay otros a nivel regional que también están generando violencia”.
Luego de que El Chapo Guzmán fue considerado como “enemigo público” por autoridades estadounidenses, el secretario de Gobernación estimó que este calificativo es porque, a través del Cártel de Sinaloa, se ha logrado ingresar más drogas a Estados Unidos. Cuestionado sobre si es el capo más buscado de México, respondió que se mantiene en “observación”, lo que significa que se le está dando seguimiento y que se tiene como un objetivo.
Como sea, ya el propio Miguel Ángel Osorio negó el viernes que Joaquín Guzmán haya muerto en un enfrentamiento en Guatemala, sin embargo, en caso de que el gobierno de Enrique Peña llegue a capturarlo, debe alistarse para hacer frente a las consecuencias que se generen, por el propio reacomodo que se da cuando se detiene o es abatido un mafioso de ese nivel. Como ya se ha visto, luego de que un cabecilla es apresado o ejecutado, inmediatamente surge una escalada de violencia que deja una larga estela de muertes por las disputas por el poder de las bandas y el control de territorios y rutas de trasiego de estupefacientes.
Se sabe que la administración federal apenas está en proceso de integrar sus equipos de inteligencia, pero de cualquier forma se debe adelantar a los tiempos, para que las fuerzas federales estén preparadas y reaccionen con firmeza e inteligencia, sobre todo, ante cualquier amenaza de las mafias.
Peña Nieto ha señalado que más que sustentarse en las armas y enfrentamientos, reforzará las labores de inteligencia para combatir al narco y al crimen organizado, sin embargo, a casi 3 meses de iniciar su mandato, no tiene consolidada una ni otra, lo cual es lamentable, pues la violencia no para, sino crece y se fortalece aún más.

Auditoría federal

LA semana anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la Cuenta Pública del año 2011, de la cual se desprende que el Gobierno del Estado de Colima hizo uso indebido de 14 millones 462 mil pesos y cometido un subejercicio de 7 millones 384 mil pesos, ambos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Las irregularidades resultaron de la revisión que la ASF hizo al 61.6 por ciento del presupuesto que recibió nuestra entidad en el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, que conformó una bolsa total de 108 millones 944 mil pesos, de los cuales fueron auditados 67 millones 148 mil pesos.
Entre las anomalías detectadas por el organismo fiscalizador, que originan el uso indebido de dinero público, destacan facturas que no cumplen los requisitos fiscales por un monto de 8 millones 932 mil pesos; compra de vehículos por 814 mil pesos que no fueron destinados a tareas de seguridad pública, y pagos de nómina sin documentación comprobatoria por un monto de 2 millones 841 mil pesos; todo lo cual representa un probable daño a la hacienda pública de la Federación.
Derivado de estos resultados en el gasto del presupuesto federal en el estado de Colima, la ASF emitió seis recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y siete pliegos de observaciones que deberán ser cumplimentados por la Contraloría del Gobierno del Estado. Además, el órgano fiscalizador de orden federal ha requerido la devolución de los 14 millones 462 mil pesos motivo de las observaciones.
Una vez que Diario de Colima dio a conocer esta información, el contralor del Gobierno del Estado, Luis Gaitán Cabrera, informó en conferencia de prensa que la ASF “no encontró desvío de recursos” en la revisión de la Cuenta Pública 2011. Sin embargo, reconoció que el organismo federal emitió ocho recomendaciones e hizo 77 observaciones, de las cuales se solventaron 69. También, dijo el funcionario, la ASF revisó ocho fondos federales ejercidos por el Gobierno del Estado durante el periodo fiscalizado, pero no hizo mención del FASP, que es el que citó Diario de Colima como producto de las irregularidades detectadas por la ASF, pero sí comentó que les falta solventar 17 millones 497 mil pesos, aunque no especificó de qué programa. O sea, le dio vueltas al asunto central y evadió las verdades que están documentadas.
Si bien la ASF y el contralor de Gobierno del Estado no aclaran lo que motivó el subejercicio de los 7 millones 384 mil pesos, es probable que ello se debió a que la administración local no aportó la cantidad que le correspondía para completar el presupuesto del programa en mención, que, dicho sea de paso, no se puede destinar a otro tipo de proyectos porque se trata de dinero etiquetado, y ello significaría que las arcas del gobierno estatal no gozan de cabal salud.
Si la ASF detectó estas anomalías en la aplicación de programas federales en nuestra entidad, cabe preguntar qué pasó con los diputados locales de la anterior Legislatura que no se enteraron del asunto. Pero además, los actuales huéspedes del Congreso local deberían replantear su tarea de fiscalización y promover los ajustes que sean necesarios para que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) deje de ser utilizado como brazo político de la mayoría legislativa y, de una vez por todas, se decida a realizar un trabajo serio y responsable que garantice a los ciudadanos colimenses el buen uso y gasto de los recursos públicos.
Resulta lamentable que al depender del Poder Legislativo federal, la ASF no tenga atribuciones legales para emitir sanciones a las autoridades y funcionarios que suelen hacer un uso indebido del erario. Esa limitante del organismo fiscalizador federal se asemeja a la que tienen las Comisiones de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones carecen de obligatoriedad legal para su cumplimiento y quedan a la voluntad del servidor público o institución aceptarlas y atenderlas o desecharlas.
Al dar a conocer los resultados de la auditoría a la Cuenta Pública 2011, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, reveló que “en los últimos 30 años –de 1983 a 2012– las políticas de combate a la corrupción han fallado, pues a pesar de tener claridad sobre sus causas, no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de los recursos públicos”. Agregó que los principales factores que se asocian a la corrupción en el sector público son: falta de control de la gestión pública, carencia de servicio civil de carrera para los funcionarios y escasa racionalidad en la aplicación del gasto. Aunque le faltó decir que mientras no se aplique la ley a los servidores que asaltan las arcas públicas y, por el contrario, siga reinando la impunidad, el problema de corrupción continuará azotando al país por tiempo indefinido.

Combate a la plaga

EL pasado jueves, la Cámara de Diputados federal aprobó la declaratoria de contingencia fitosanitaria en Colima ante la presencia del huanglongbing (HLB) o dragón amarillo, por lo que se habrán de destinar recursos por el orden de los 22 millones de pesos para financiar el combate de la plaga.
Sin duda que la noticia es buena, pues actualmente esta enfermedad ha afectado más de 12 mil hectáreas de limón de las 23 mil existentes, provocando con ello una severa crisis económica entre los más de tres mil 500 citricultores, lo que pudiera dejar sin sustento a más de 20 mil familias que dependen de esta actividad en Colima, y ya lo ha hecho con varios miles que laboraban en plantaciones ahora abandonadas a causa del HLB.
Lo reprobable de esto es que si desde abril de 2010 se emitió la primera alerta sanitaria, luego de que 24 árboles de limón en el estado dieron positivo a este virus, tanto las autoridades de los tres órdenes de gobierno como los mismos productores hayan dejado crecer el problema, pues si se hubieran organizado para iniciar las gestiones pertinentes para conseguir los 200 millones de pesos que se necesitaban, en este momento las plantaciones no estarían devastadas, cuando 60 por ciento de los limonares manifiesta la enfermedad.
En contraste, lo que sí se hizo fue tirar cientos de millones de pesos en una obra malhecha, como lo es la ampliación del Tercer Anillo Periférico, sin que se vislumbre la fecha en que se termine. También es criticable que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón tampoco se hayan preocupado al respecto, porque desde 2003 se dieron los primeros brotes del HLB y las autoridades sabían perfectamente que esta enfermedad de los cítricos se iba a extender a lo largo del país.
Ante esta indiferencia, el problema siguió creciendo, a tal grado que miles de fuentes de empleo y parte de la economía estatal están afectadas, lo que finalmente motivó que el gobernador Mario Anguiano Moreno se reuniera el miércoles 13 de febrero con el titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez; senadores, diputados federales y productores de limón, donde se acordó hacer la declaratoria de contingencia fitosanitaria por la afectación causada por el dragón amarillo, para que de esa manera el gobierno federal radique recursos a la brevedad.
Los 22 millones de pesos se destinarán para el barrido de cítrico en la entidad y atender la contingencia que se presentó en semanas recientes, afectando mil 577 parcelas de cítricos (12 mil 387 hectáreas), lo que representa el 57.23 por ciento de la superficie total sembrada. Además, se conformará un grupo de trabajo conjunto para solicitar más recursos a instancias como las secretarías de Desarrollo Social, de Economía y Hacienda y Crédito Público, a fin de enfrentar este grave problema, pues de no ayudar con mayores recursos a resolverlo, según dijo Anguiano Moreno, se corre el riesgo de que en un lapso de 3 a 5 años la actividad citrícola desaparezca, y con ello el sustento de un amplio segmento de la población costera.
Ante esta crisis, no tardó en que surgieran los seudolíderes de siempre que, aprovechándose de la situación, convencieron a grupos de productores para mendigar recursos, lo que por fortuna no se va a dar. Si el gobierno entregara dinero en efectivo a los afectados, no se garantizaría que se aplique, además de que 10 mil pesos por hectárea no son suficientes y se esfumarían como ha sucedido con subsidios similares a otros cultivos.
Sería conveniente que el Gobierno del Estado volteara los ojos a lo que están haciendo José Manuel Palma García, del Centro Universitario de Investigación y Desarrollo Agropecuario, y José María Anguiano Cárdenas, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima, quienes desarrollaron una tecnología que permite la convivencia con el HLB, esto es, una alternativa para hacer que el árbol del limón se mantenga productivo, se recuperen los suelos y se gaste poco.
En una primera etapa, se atendieron 12 mil 540 árboles; en una segunda se trabajó con 24 productores en ocho ejidos y las edades de las huertas iban desde 1.5 años hasta 20 años o más. Los resultados han dejado satisfechos a los productores, pues han observado que si bien el método no cura la enfermedad, se puede convivir de manera productiva con la presencia de la diaphorina y el HLB, de ahí que la administración estatal y la misma Sagarpa pueden echar mano de esta nueva tecnología creada en Colima y ya reconocida internacionalmente. Por otra parte, ya veremos si sirvió la visita de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, o sólo fue un motivo para venirse a pasear a Colima, pues las decisiones las podían tomar en la capital del país.

Delegados, operadores

LAS delegaciones del gobierno federal en el estado han dado ocasión a la rebatiña entre políticos priistas que luego de 12 años de sequía se consideran con méritos para ocupar, de pleno derecho, las dependencias que representan a las secretarías de Estado, a organismos descentralizados e institutos de alcance nacional.
Más que un servicio público, los aspirantes a delegados federales ven estas dependencias como “chambas” bien pagadas, oportunidades de negocios y como instrumentos para futura operación electoral a partir de los recursos humanos y financieros de que disponen. Pocos son quienes aplican capacidades personales y profesionales a un auténtico servicio a los gobernados.
Los políticos tricolores se aprestan, pues, a ocupar las delegaciones a que estaban acostumbrados en tiempos del priato inamovible y de las que durante dos sexenios se mantuvieron al margen.
Hoy se comprueba que las entrevistas de hace algunas semanas del gobernador Mario Anguiano Moreno con secretarios de Estado en el Distrito Federal tuvieron el objetivo principal de tratar los nombramientos en las delegaciones en Colima. Es explicable que el mandatario haya abogado por quienes considera personas de su confianza para que trabajen a la par con él; está en su papel cuando su partido gobierna el país.
Por lo demás, esto prueba que el dilema de si sería el gobernador o el Presidente quien tomara las decisiones, se resolvió a favor de la localidad. Sobre todo porque Enrique Peña Nieto está ocupado en asuntos de relevancia y, por supuesto, se desentiende de nombramientos menores para el nivel que tiene un mandatario nacional.
Hay que poner en claro que la importancia de las delegaciones federales se ha inflado. Sus titulares finalmente se someten a dos directrices: la de sus superiores en las dependencias y las del gobernador en cada estado. Incluso los representantes panistas durante los 12 años del panato estuvieron al servicio, casi todos, del mandatario estatal, aun en asuntos donde las equivocaciones y los yerros eran evidentes. No se puede esperar que ahora sea distinto, y más cuando serán militantes del mismo partido. Las decisiones no las toman los delegados, que se convierten en meros operadores de los asuntos que se acuerdan a otro nivel.
Ahora, el gobernador tiene la oportunidad de fructificar sus gestiones con la administración federal, pues no tendrá el pretexto a que acudió antes y que claramente señaló culpable al entonces mandatario, Felipe Calderón, de quien dijo que no permitía el acercamiento. Fuese o no verdad, lo cierto es que actualmente Presidente y gobernador son del mismo partido y se acabó el espacio al argumento de la confrontación o el desdén federal. Lo importante serán los logros de Mario Anguiano en sus gestiones. Y hasta ahora, fuera del asunto del dragón amarillo, que se abordó en el nivel legislativo, no hay nada concreto. Ya se verá si las inversiones federales y las obras de infraestructura para la producción se logran y se acierta en ellas, las que se necesitan.
A reserva de los nombramientos que ocurran en el transcurso de la semana, hasta el viernes reciente se dieron los anunciados por Diario de Colima, el de Carlos Cruz Mendoza, en Sedesol, y de Carlos Salazar Preciado, en Sagarpa. Por otra parte, es falso que la senadora suplente Hilda Ceballos de Moreno vaya a la representación de la Secretaría de Educación Pública, como lo confirmó ayer la propia ex diputada local; incluso, declinó asumir algún cargo federal.
Cruz Mendoza ha sido alcalde de Armería, diputado local por esa demarcación, secretario de Educación en el peor gobierno que haya tenido Colima en su historia, el de Silverio Cavazos, y diputado federal por el segundo distrito hasta agosto de 2012. En ninguno de los cargos realizó un papel brillante; de los más recientes, en Educación, se recuerda que promovió el fin del consumo de alimentos chatarra en escuelas, pero la medida duró el día y la víspera; y como legislador federal, prometió cancelar el cobro de peaje en la caseta de Armería de la autopista a Manzanillo y nunca cumplió. Ya se verá si en esta nueva oportunidad que recibe por fin hace algo positivo por Colima.
El nombramiento de Carlos Salazar Preciado llamó la atención, porque impide creer que el PRI ha cambiado. Fue alcalde de Colima en tiempos de Griselda Álvarez y salió de ahí con la peor de las famas; se postuló luego a diputado federal por el PRI y lo venció por amplio margen el panista Jesús Dueñas; en 2003, Gustavo Vázquez lo nombró secretario de Desarrollo Rural, puesto en que fue ratificado por Silverio Cavazos, donde se le recuerda por no hacer nada relevante, excepto condicionar créditos a la adquisición de cierta marca de tractores que la dependencia a su cargo financiaba. Ahora, después de 3 años y casi 4 meses de ostracismo, regresa a una de las delegaciones federales que más presupuesto manejan. Conocedor de los asuntos del campo, sabe más de negocios personales. Sin duda, será uno de los funcionarios más observados por la gente del agro colimense, que ya conoce sus modos de operación. Tiene la oportunidad de hacer un papel destacado, sobre todo después de la gris actuación de su antecesor, el panista Salvador Becerra.
Por lo demás, los priistas que ahora buscan con denuedo las representaciones federales, durante el sexenio de Calderón Hinojosa lucharon por la eliminación de esas representaciones. Como ahora les toca a ellos, se olvidaron de su anterior posición, en la que, además, tenían razón: las delegaciones, creadas durante los tiempos del partido casi único, bien pueden desaparecer sin el menor perjuicio.