
AÑO 60 | Nº EDICIÓN 20007
EL UNIVERSAL
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el rastreo y el congelamiento de las cuentas que estén en el sistema financiero mexicano a nombre de Elba Esther Gordillo y de sus presuntos operadores financieros, como parte de la investigación que realiza sobre la red de lavado de dinero y delincuencia organizada que se tejió para sufragar los gastos millonarios de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Autoridades de la dependencia federal indicaron que la petición se formuló a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cuanto se tuvieron evidencias concretas de la existencia de una acción orquestada para desviar los fondos del gremio por 2 mil 600 millones de pesos a cuentas personales, cuyos recursos tuvieron como beneficiaria final a La Maestra.
Mientras, personal de la PGR cateó distintas propiedades de la ex lideresa, presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
En operativos simultáneos, peritos de la PGR ingresaron a tres propiedades que se localizan en las calles de Galileo, Édgar Allan Poe y Dickens, en la colonia Polanco, al poniente de la Ciudad de México.
Durante los operativos, personal de la Policía Ministerial se apostó en las inmediaciones de los tres inmuebles para impedir el paso de personas ajenas.
La PGR indaga también a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, quienes según la dependencia ayudaron a la ex lideresa magisterial a disponer de 2 mil 600 millones de pesos del sindicato.
En tanto, el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal, Francisco Javier Sarabia, desechó el recurso interpuesto a favor de Gordillo, debido a que ésta desconoció la demanda y decidió no ratificarla.
La demanda fue promovida por Juan Pablo Badillo Soto, el mismo día de la detención de la ex lideresa en contra de la PGR por la probable detención, incomunicación y tortura.
El juez Sarabia concedió la suspensión de plano, por tratarse de un asunto de privación de libertad, pero Gordillo debía ratificarla ante personal del Juzgado que acudió a verificar su situación en Santa Martha, al ser notificada por el actuario del juzgado, Gordillo dijo desconocer la demanda y manifestó su decisión de no ratificarla por lo que fue desechada.
Mientras, el presidente Enrique Peña aseguró que la aplicación de la ley es para todos.
Al finalizar el lanzamiento de la Consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el mandatario se acercó a saludar los periodistas.
En ese momento se le preguntó, en torno a su mensaje de antenoche, si la aplicación de la ley es general. Respondió: “Así está dicho y así habrá de ser”.
En su mensaje en cadena nacional, Peña Nieto dijo que “desde el inicio de mi gobierno, me comprometí a cumplir y hacer cumplir la Ley; esa es la primera obligación que tengo como presidente de la República”.
En tanto, la defensa de la ex dirigente ofreció ayer pruebas de descargo para desvirtuar las acusaciones que enfrenta.
Las pruebas son ampliaciones de declaración de las personas cuyo testimonio sirvió para integrar la averiguación previa, informó José Rigoberto González, uno de los abogados de Gordillo.
Por otra parte, la hija de la ex lideresa, la senadora Mónica Arriola, aseguró que se siente “triste” por la detención de su madre.
En entrevista en la sede del Senado, Arriola dijo que lo sucedido no limita su compromiso para seguir legislando.
Después de la detención de su madre, al llegar al pleno recibió el abrazo de la mayoría de los senadores, quienes se solidarizaron con ella.
En tanro, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una queja de oficio por la filtración de la presunta ficha signaléctica de Gordillo Morales.
La ficha fue difundida vía Twitter. En reunión, el consejo de la CDHDF determinó que se tiene que investigar cómo salió esa información del penal, porque la difusión de datos personales representa una violación de los derechos humanos.
A su vez, la subsecretaria del Sistema Penitenciario del DF, Mayela Almonte Solís, informó que se investiga si la ficha realmente fue sacada del sistema de registros de ese reclusorio.
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