
AÑO 60 | Nº EDICIÓN 20007
EL UNIVERSAL
Luis Robles, presidente de la ABM, prevé que se incrementen los préstamos
MÉXICO, D.F.- Banqueros del país advirtieron que no se debe “satanizar” el crédito que se otorga a estados y municipios.
Luis Robles, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), afirmó que la mayor parte del financiamiento se dirige a obras productivas que generan riqueza.
El también presidente de BBVA Bancomer consideró que frente al actual escenario macroeconómico, se anticipa un incremento de los préstamos a este sector.
No obstante, mencionó que aún es prematuro hacer una estimación sobre el rango de crecimiento, ya que se requiere tener mayor claridad sobre el avance de las iniciativas que se presentaron en el Congreso respecto a estados y municipios.
“Veremos cómo se logran los consensos en la Cámara de Senadores... pero estoy seguro que los legisladores sacarán una buena normatividad que ordenará de manera definitiva a los estados y municipios”. Además, dará seguridad jurídica a las partes que están involucradas.
Recordó que como parte de las iniciativas se plantea una deuda que se denominará federalizada y que cuenta con el aval o garantía de la Federación.
“Eso es similar a la soberana de México... en consecuencia, debería requerir una reserva muy inferior”.
Robles comentó que las propuestas generarán una mayor responsabilidad de los estados en la contratación de deuda, “de ahí que hay que esperar para hacer estimaciones sobre el crecimiento en créditos este año”.
El paquete preliminar de reformas e iniciativa de Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios busca moderar el endeudamiento y reducir el costo del financiamiento para los gobiernos locales.
Se establece que los estados y municipios sólo podrán afectar participaciones para pagar sus créditos cuando sus obligaciones respaldadas con las mismas no rebasen 75 por ciento de los ingresos.
En las iniciativas se propuso un esquema de incentivos, entre éstos se crea el mecanismo de deuda garantizada.
Éste cuenta con la garantía del gobierno federal y está sujeta a un convenio del estado y Hacienda.
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