Sabado 16 de Febrero de 2013
         

Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) ha recibido 74 quejas, siendo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) las más demandadas por la población colimense, con 26 y 15 quejas en su contra, respectivamente, así lo informó el ombudsman local, Roberto Chapula de la Mora.
Asimismo, señaló que en comparación con el año anterior el ritmo de recepción de demandas es casi el mismo, "lo cual, reitero, demuestra que la gente ya no se está quedando callada, si ven violentados sus derechos, lo denuncian; los resultados de las investigaciones dirán si efectivamente se violentó o no", apuntó.
En número de denuncias le siguen, dijo, la Secretaría de Educación del estado, con 14; con cuatro quejas en su contra cada uno están los ayuntamientos de Villa de Álvarez, Colima y Manzanillo; con tres la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la delegación del IMSS; con dos está la Dirección de Readaptación Social, el ayuntamiento de Tecomán, la Procuraduría General de Jalisco (que fueron turnadas), la Secretaría de Gobierno; y con una queja la Dirección de Defensoría Jurídica y de Oficio, la Secretaría de Salud, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el DIF estatal, la delegación del ISSSTE, el órgano administrativo desconcentrado de Readaptación Social, la Procuraduría de Justicia de Guerrero y la Secretaría de Educación Pública Federal.
Al ser cuestionado sobre las recomendaciones emitidas hasta la fecha, mencionó que ya se hizo una y están dos en proceso y fue para la Procuraduría General de Justicia y estuvo relacionada, dijo, con la demora en la procuración de justicia, "es decir, cuando no le dan el curso correspondiente a las denuncias presentadas por particulares".
Agregó que hubo una queja contra la Secretaría de Educación, donde un colegio particular suspendió clases antes de concluir el periodo ordinario, argumentando incosteabilidad, "lo cual afectó el derecho de varios estudiantes, pero la mamá de uno de los ellos presentó la queja, después vino el joven y la ratificó, se hizo la investigación y se recomendó a la Secretaría de Educación que actuara en base a la ley correspondiente, para que la escuela particular dé cumplimiento al compromiso público de impartir las materias. Fue un perjuicio grave que le causa a este joven, el truncar sus estudios profesionales", sostuvo.
Aclaró que la queja fue contra la Secretaría de Educación porque la Comisión sólo actúa contra instituciones, pero puntualizó que se debe proceder contra el colegio por incumplimiento.
Por último, hizo un exhorto al gobierno del estado para que atiendan la problemática que enfrentan una gran cantidad de personas que adquirieron créditos a través de grupos y que ahora las deudas los están consumiendo por los intereses usureros de los que son sujetos, "nosotros intervenimos orientando a la gente, no tenemos la facultad de intervenir en eso, entonces hago una atenta súplica para que verifique esas empresas", puntualizó.