
AÑO 60 | Nº EDICIÓN 20007
AGENCIAS
MÉXICO, D.F.- La fracción del PRD en el Senado propuso que la Secretaría de Hacienda realice un diagnóstico puntual sobre los problemas de endeudamiento que enfrentan las 32 entidades del país y los más de dos mil 500 municipios.
El secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Armando Ríos Piter, dijo que esa medida servirá para conocer en cuáles estados y municipios es viable un plan de refinanciamiento para el pago de la deuda y en cuáles se deben iniciar acciones penales contra funcionarios involucrados en posibles desvíos de recursos.
Entrevistado en la sede senatorial, el legislador expuso que la Secretaría de Hacienda debe elaborar dicho diagnóstico caso por caso, ya que se estima que la deuda global asciende a 400 mil millones de pesos, es decir, casi 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
“Hay un claro libertinaje y nula transparencia en el manejo de recursos públicos por parte de muchos gobernadores y alcaldes. Muchas de esas deudas se generaron en periodo electoral, por lo que deben fincar responsabilidades”, sostuvo el legislador.
Sin embargo, dijo que el gobierno federal tampoco puede ser omiso o ignorar esta grave situación, ya que se pone en riesgo la prestación de servicios para millones de habitantes, como la dotación de agua, recolección de basura e incluso en materia de seguridad por la grave crisis financiera de estados y municipios.
“Desde el Poder Legislativo es indispensable aprobar una nueva Ley de Deuda Pública que evite los excesos en los que han caído los gobiernos municipales y estatales”.
Apuntó que esa ley debe marcar los límites, montos y “candados” para no repetir casos como el del gobierno de Coahuila o como el del municipio de Acapulco, que aseguró, en 3 años pasó de una deuda de 300 millones de pesos a 3 mil 400 millones de pesos.
A su vez, el senador del PAN, César Octavio Pedroza Gaitán, respaldó la decisión de la Secretaría de Hacienda de no emprender un programa de rescate financiero de estados y municipios, porque sólo se estaría premiando el dispendio de alcaldes y gobernadores.
Se pronunció por legislar sobre el tema para establecer límites al endeudamiento público y establecer sanciones para los funcionarios involucrados en el mal manejo de la deuda y el desvío de recursos.
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