Domingo 23 de Diciembre de 2012
         

EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F.- Familiares de 14 de los 15 policías federales procesados tras el ataque a una camioneta en la que viajaban dos funcionarios de Estados Unidos y un capitán de la Marina armada de México, en la comunidad de Tres Marías, Morelos, aseguran que no es lo mismo haber disparado por “error” que con “dolo”, por lo que piden que los uniformados sean juzgados, “de forma imparcial y equitativa”.
Al cerrar el año, uno de los casos más polémicos fue esta agresión armada que culminó en un proceso penal contra los elementos de la Policía Federal, por delitos que van desde tentativa de homicidio hasta ejercicio indebido del servicio público.
En entrevista, los familiares de los acusados en este caso indicaron que en tanto continúa el juicio penal que se les sigue por el incidente del 24 de agosto pasado, buscarán que el caso no se olvide, que las autoridades no den “carpetazo” al caso.
Sólo los familiares del inspector general, Juan Manuel Pacheco Salgado, no participaron, ya que aunque se le enjuicia por el delito de encubrimiento, está libre bajo fianza desde noviembre pasado.
Los entrevistados indicaron que a lo largo del proceso judicial ofrecerán pruebas de que los 14 elementos recibieron órdenes por parte de sus superiores que permanecen en libertad y no están siendo juzgados de la misma forma.
“Efectivamente, de hecho ya hasta salieron a la luz pública los nombres que aprobaron el operativo, y ellos ya están afuera, se ampararon, pagaron una fianza y salieron, cuando es bien sabido que en todo tipo de actividades castrenses y policíacas hay un régimen de obediencia para ellos, que es la obediencia jerárquica”, mencionaron.
Las esposas, hijas o hermanos de los policías, quienes solicitaron el anonimato, explicaron que ni la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuya desaparición ya se decretó, ni la Policía Federal han ayudado a los elementos, a pesar de que incluso la ex comisionada, Maribel Cervantes, defendió públicamente el trabajo de sus elementos, y sostuvo la versión de la confusión en la agresión.
“No hemos tenido el apoyo necesario por parte de las autoridades federales, nunca. Fue una vez un licenciado, pero no presentó ninguna identificación, algo que nos diera una certeza de que nos iban a ayudar. Están obligados a hacerlo como sus elementos”.
Indicaron que desde el primer momento los superiores ordenaron la suspensión de salarios; y sólo algunos tienen un seguro jurídico, que consideran no será suficiente para cubrir el proceso.
Otro de los entrevistados indicó que a pesar de que hubo un “error” por parte de los elementos de la Policía Federal, el 24 de agosto, pidió a las autoridades de la administración anterior que no los olviden, ya que los elementos acataban sus órdenes.
Aseguran que la vida cambio para todos. El hecho de que los nombres de los arraigados y después procesados se hicieran públicos, indican, obligó a algunos a cambiarse de domicilio. Una mujer sostuvo que se vio obligada a cambiar a su hijo de la escuela, debido al acoso que sufría por parte de sus compañeros, por lo que lo único que piden es justicia.