Jueves 06 de Diciembre de 2012
         

Nalleli FALCÓN ÁLVAREZ

En lo que va del año se han recibido 282 contra esa dependencia; le siguen la SSP, con 110, y la Dirección de Readaptación Social, con 42, informa Roberto Chapula

En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) ha recibido 677 quejas, siendo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la que encabeza la lista, con 282 quejas en su contra, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 110, y de la Dirección de Readaptación Social, con 42, informó Roberto Chapula de la Mora, presidente de la CDHEC.
Les siguen el ayuntamiento de Colima, con 34 quejas; la delegación del IMSS, 27; la Secretaría de Educación, 25; la Secretaría de Seguridad Pública federal, 21; el ayuntamiento de Villa de Álvarez, 20, y el de Tecomán, con 18.
Cuestionado sobre cómo califica la actitud de la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, al no aceptar las recomendaciones que se le han hecho, manifestó que son decisiones de ella. “Respeto su criterio, mas no lo comparto, queremos que se mejoren los procedimientos”, apuntó.

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La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sigue siendo la dependencia contra la que más quejas se presentan ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).
En lo que va del año, el organismo defensor de los derechos humanos ha recibido 677 quejas, la PGJE encabeza la lista, con 282 quejas en su contra, seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 110, y de la Dirección de Readaptación Social, con 42.
El presidente de la CDHEC, Roberto Chapula de la Mora, indicó que les siguen el ayuntamiento de Colima, con 34 quejas; la delegación del IMSS, 27; la Secretaría de Educación estatal, 25; la Secretaría de Seguridad Pública federal, 21; el ayuntamiento de Villa de Álvarez, 20; el de Tecomán, 18.
Enseguida está la Secretaría de Marina, con 18 quejas; SEP, 17; Secretaría de Salud, 16; la delegación de la PGR en Colima, 12; el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 10; ayuntamiento de Manzanillo, nueve; Secretaría de la Defensa Nacional, nueve; DIF estatal, seis; ayuntamiento de Cuauhtémoc, cinco; la delegación del ISSSTE, cinco; el Infonavit, cinco; y con cuatro la Defensorías de Oficio de Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Comala.
Seguidos de la Dirección de Transporte de Gobierno del Estado, con tres; el gobernador constitucional, con dos; ayuntamiento de Armería, dos; ayuntamiento de Ixtlahuacán, dos, y con una queja los municipios de Minatitlán y Coquimatlán, la Secretaría General de Gobierno y la Universidad de Colima.
Chapula de la Mora explicó que a las quejas contra autoridades locales se les da seguimiento y muchas de ellas se resuelven en el proceso, sobre todo las de Educación, a través de la conciliación de las partes involucradas.
Las quejas contra dependencias federales se turnan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su seguimiento.
Cuestionado sobre cómo califica la actitud de la procuradora general de Justicia del Estado, Yolanda Verduzco Guzmán, al no aceptar las recomendaciones que se le han hecho, manifestó que son decisiones de ella, “respeto su criterio más no lo comparto, queremos que se mejoren los procedimientos. El Ministerio Público, que es la institución encargada de investigar y perseguir delitos por mandato constitucional, debe hacerlo dentro del contexto constitucional; no debe haber excesos ni insuficiencias”.

EXHORTO
En otro tema, el ombudsman local lanzó un exhorto a las autoridades para que regulen con más firmeza a instituciones financieras como Compartamos Banco, pues asegura que cada vez son más las personas de escasos recursos que acuden a la CDHEC en busca de asesoría, luego de ser víctimas de las prácticas usureras que cometen tales instituciones.
Indicó que en los últimos 6 meses han atendido a alrededor de 400 personas con la misma problemática.
Detalló que estas situaciones se dan toda vez que se junta un grupo de 10 personas, les otorgan el crédito, y comienzan a pagar los abonos y no falta quien falle dentro del grupo con su pago, y quienes cumplieron siguen siendo acosadas, hostigadas y hasta amenazadas por parte de la empresa, exigiéndoles el pago total de la obligación.
A pregunta expresa sobre la intervención de la Condusef, mencionó que “sólo interviene con instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria, pero este tipo de empresas no están reguladas por ella, sino que han surgido a raíz de la apertura que se dio para participar en actividades de este tipo, es por ello que se necesita mayor regulación y que se le explique a la gente sobre la responsabilidad solidaria”, concluyó.