Viernes 16 de Noviembre de 2012
         

AGENCIAS/EL UNIVERSAL

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se encuentra en San Lázaro, y la que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, en el Senado

MÉXICO, D.F.- Las fracciones priista y pevemista en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República presentaron las iniciativas de reforma anunciadas el miércoles por el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
En San Lázaro, se presentó la propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la que modifica atribuciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que haga funciones de coordinación de gabinete, por acuerdo del presidente de la República y establece la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.
El proyecto, presentado por el diputado priista José Sergio Manzur Quiroga, también plantea reformas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para trabajar en el combate a la pobreza y en favor de los derechos de diversos grupos, así como la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En tanto, en el Senado se presentó la iniciativa que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa.
Los senadores del PRI, Lizbeth Hernández, y del PVEM, Pablo Escudero, presentaron la iniciativa, que faculta al Congreso a decretar leyes para el combate a la corrupción y lo obliga a expedir la Ley Federal Anticorrupción en un plazo de 120 días, luego de la promulgación del decreto que establece la Comisión Nacional Anticorrupción.
La propuesta de Peña Nieto precisa que la comisión podrá atraer los casos de los estados y municipios; contará con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia, y que realice su trabajo de forma profesional e imparcial.
Además, la Comisión Nacional Anticorrupción podrá conocer casos de oficio, por notificación de otros órganos del Estado mexicano, a través de demandas para asuntos de gran valor administrativo, y por Reportes Ciudadanos para casos donde los ciudadanos sean victimizados por actos de corrupción en trámites menores.
De igual manera, esta comisión “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizarán las demandas frívolas”.
Dicha instancia estará integrada por cinco comisionados nombrados por el presidente de la República, y el Senado, o la Comisión Permanente, podrán objetar la designación por dos terceras partes de sus miembros presentes, dentro de los primeros 30 días después de la fecha del nombramiento.
También se propone un régimen de incompatibilidades para que los comisionados no puedan ocupar otro empleo o comisión, salvo aquellos de carácter académico o científico sin percibir remuneración alguna.
A su vez, las sanciones impuestas por la comisión “podrán ser recurridas en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que para este propósito establezca el Poder Judicial de la Federación”.
Dichas sanciones consistirán “en amonestaciones públicas, amonestaciones privadas, multas personales (no con cargo al erario público), suspensión, destitución, dar vista al Congreso de la Unión para juicio político y realizar recomendaciones de inhabilitación al Congreso estatal según corresponda”.
La propuesta faculta a la comisión para que pueda interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con la intención de que pueda defender su esfera de competencias de posibles injerencias indebidas de otros órganos, federales o estatales.
De igual manera, se crea el Consejo Nacional por la Ética Pública, que será presidido por el Ejecutivo federal e integrará a ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia.
También se obliga a los estados y al Distrito Federal a establecer sus comisiones contra la corrupción, de carácter colegiado, con plena autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios, que contarán con las atribuciones que disponga la Ley Federal Anticorrupción.

LLAMADO

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, informó que pedirá a las otras seis bancadas en San Lázaro que obsequien la aprobación rápida de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dijo que a la brevedad serán invitados a una reunión informal integral del equipo de transición de Peña Nieto, a fin de que den cuenta a la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja, del fondo y del espíritu de las modificaciones que plantea el presidente entrante.
En tanto, el dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que el país requiere un gobierno fuerte, eficaz, y eso es lo que busca las reformas presentadas por Enrique Peña Nieto, para modificar la estructura de la administración federal.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró que su bancada está dispuesta a analizar la propuesta de Peña, para que la Secretaría de Seguridad Pública pase a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, advirtió que no será un “cheque en blanco”.