Viernes 20 de Julio de 2012
         

ÉDGAR RAMÓN MONTAÑO VALDEZ*

Diálogo social y políticas públicas (I)

PARA Emilio Borgado Valenzuela (2006), “el diálogo social comprende un intercambio de informaciones acerca de las visiones, aspiraciones y proposiciones de quienes participan en él, respecto de las materias objeto de ese intercambio”. Tomando como referencia dicha definición, podríamos suponer que el diálogo social es aplicable a todos aquellos temas o asuntos que sean de interés para cierto colectivo ciudadano. Bajo ese supuesto, no todo diálogo social se llevaría a cabo en torno a una o más políticas públicas.
Sin embargo, desde la óptica de las políticas públicas, es eminentemente necesario que al momento del análisis o diagnóstico se posea ya un referente. El mejor referente al que podría aspirarse en un buen análisis de políticas públicas para dotarlo, entre otros elementos, de viabilidad política, debe ser el diálogo social.
Debe advertirse que el concepto de diálogo social no es igual de familiar de un país a otro. Existen sistemas democráticos cuyos subsistemas políticos hacen subyacer a cualquier expresión de participación ciudadana, por lo que el diálogo social es casi nulo, y cuando no lo es de cualquier forma, es ignorado por el sistema político. Existen otros sistemas en que el Estado sólo legisla sobre algún tema de la agenda pública, posterior al diálogo social y abierto entre aquellos interesados o mejor informados.
En ese orden de ideas, ¿pueden analizarse, diseñarse e incluso implementarse políticas públicas sin un adecuado diálogo social previo? Por supuesto. Tal es el caso de aquellas políticas que sufren para cristalizarse o que, en definitiva, fracasan en su implementación. En otras palabras, la probabilidad de que una política pública sea mal implementada o no obtenga los resultados esperados es mayor, mientras menor diálogo social haya incorporado desde su diseño.
No debe confundirse –por lo tanto– al diálogo social con aquellas negociaciones o concertaciones de carácter político en que simplemente se acuerdan o toman decisiones de manera conjunta. En el diálogo social encontramos evidentemente un espacio suficiente y adecuado en el que no sólo se presentan, contrastan, discuten e incluso se debaten posiciones convergentes y divergentes en torno a un asunto público de cierta comunidad, sin que necesariamente se deba llegar a un acuerdo o conclusión. Borgado lo confirma al puntualizar que “el diálogo y los posibles acuerdos sociales resultantes facilitan la existencia de niveles apropiados de paz social al permitir la preeminencia de relaciones concertacionistas y no confrontacionales, canalizando tensiones y conflictos y, en su caso, revisando los acuerdos básicos que sustentan a una sociedad democrática”.
De lo anterior se puede desprender que una de las intersecciones del diálogo social y las políticas públicas es la necesidad de participación ciudadana en el trámite de los asuntos públicos. En ese sentido, el diálogo social se vuelve el foro básico de involucramiento de los gobernados y las políticas públicas serían precisamente los resultados en forma de acuerdos, producto de los diversos diálogos sociales.
Una forma de entender la importancia que revisten los diálogos sociales en las políticas públicas es suponiendo que no existan los primeros. Plantea Borgado que “el diálogo social puede cumplir funciones de legitimación social de decisiones adoptadas por una de las partes o en otros ámbitos”. ¿Qué precede a una protesta ciudadana sobre la aplicación de una nueva política pública? La ausencia o mala conducción de un diálogo social.
Por lo anterior, es importante destacar que el grado de armonización entre los diálogos sociales y las políticas públicas de un país dice mucho del carácter democrático de su sistema de gobierno. Esto es, que independientemente de los buenos resultados que obtenga en sus políticas públicas, un gobierno es democrático no sólo en términos de cómo se eligen a los representantes o gobernantes, sino en tanto sus políticas realmente agotan el calificativo de públicas, y por tanto, son sometidas al diálogo social.
Aunque Borgado contrasta al diálogo social con la democracia, economía y desarrollo social como funciones, en el fondo la idea que prevalece es la de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Por supuesto que el diálogo social es una forma de participación ciudadana, pero no la única.

* Magíster en Gestión y Políticas Públicas

correo@edgarmontano.mx