Presenta ASF 134 denuncias por uso indebido de recursos

AGENCIAS/EL UNIVERSAL

El auditor Juan Manuel Portal entregó la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011

MÉXICO, D.F.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, entregó a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011.
Ante los integrantes de dicha comisión legislativa, que preside José Luis Muñoz Soria, informó que para fiscalizar el gasto público 2011, se realizaron mil 111 informes de auditoría.
Detalló que de esos informes, 610 fueron con enfoque financiero y cumplimiento normativo; 287 de desempeño; 141 de inversiones físicas, 54 especiales y 11 forenses.
Además, se incluyeron ocho evaluaciones de políticas públicas a diversas dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales; así como a los Poderes Legislativo y Judicial, a organismos autónomos y a universidades públicas.
En conferencia, Portal Martínez explicó que debido a las irregularidades detectadas, se interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) 134 denuncias de hechos por presunto uso indebido de recursos.
Entre las dependencias involucradas en la presunción de delito, que tendrá que determinar el Ministerio Público Federal, figuran las secretarías de Agricultura, de la Reforma Agraria y de Comunicaciones y Transportes, así como Financiera Rural.
De igual manera, los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y gobiernos municipales de Yucatán, Tlaxcala y Michoacán.
El contador público certificado destacó que también se interpuso denuncia de hechos por la construcción de la Estela de Luz, construida con motivo del Bicentenario, donde se detectó el mayor uso indebido de recursos, que se calcula asciende a 399.2 millones de pesos.
El informe de resultado del gasto correspondiente a 2011 también arrojó como consecuencia siete mil 965 observaciones, que generaron la promoción de seis mil 369 acciones preventivas y tres mil 496 de tipo correctivo.
El auditor precisó que 50 por ciento de las observaciones se formularon a estados y municipios, así como a dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras.
La ASF determinó que los gobiernos estatales deberán reintegrar a la Tesorería nacional 14 mil 212.2 millones de pesos que se entregaron como “pagos o apoyos indebidos†a comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a maestros que recibieron bonos, estímulos o compensaciones “discrecionalesâ€, a docentes que no fueron localizados durante las visitas a las escuelas o pago a quienes se desempeñaron en cargos de elección popular o gremiales.
En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó adquisiciones de bienes y equipos por adjudicación directa bajo el argumento de seguridad nacional, sin serlo; compró a empresas cuyos giros no estaban relacionados con los artículos, no realizó investigaciones de mercado, dejó en bodegas artículos sin entregar, ni tiene registrados en su sistema de inventarios bienes por millones de pesos entre estos equipos de comunicación adquiridos a la empresa Security Tracking Devices, del empresario Susumo Azano.
Las dependencias tienen 30 días hábiles de plazo para solventar las inconsistencias detectadas en el gasto que ejercieron durante 2011 y responder a las observaciones señaladas que les realizó la ASF.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, José Luis Muñoz Soria, anunció que a partir de marzo los diputados de este órgano legislativo iniciarán la revisión del informe que presentó ese órgano fiscalizador.
Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se pronunciaron por dotar de facultades sancionatorias a ese órgano para mejorar la fiscalización superior del país.
Luego de presentar su informe, el titular de la ASF coincidió en el sentido de que en materia de fiscalización hay aún muchas tareas pendientes para contar con un régimen integral de rendición de cuentas, en el que se establezca con claridad que quien no cumpla como servidor público tendrá consecuencias.

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