Cruzada Nacional contra el Hambre debería combatir la pobreza: PRD

Juvenal MARTÃNEZ SÃNCHEZ

Asegura Carlos Gariel que ya ha habido programas similares y no han disminuido la pobreza

TECOMÃN, Col.- La Cruzada Nacional contra el Hambre debería de convertirse en un programa de combate frontal a la pobreza y pobreza extrema, pues los datos de Coneval (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social) son muy ilustradores: de 1990 a 2010 se ha registrado un aumento significativo de pobres en el país, opinó el regidor del PRD, Carlos Gariel Padilla.
Agregó que organizaciones como Amnistía Internacional muestran su escepticismo, toda vez que ya ha habido programas similares y no han disminuido la pobreza, menos abatirla, “porque estos programas han sido utilizados bajo criterios clientelares y han terminado por ser instrumentos del Estado para administrar la pobreza, aseguranâ€.
Ante esto, señaló que el gobierno federal debe indicar claramente las acciones que tomará en el corto, mediano y largo plazos para atender a toda esa población, dijo.
Indicó que este programa enfatiza un carácter no asistencial, así como una inclusión de quienes viven en la pobreza en las soluciones, es preocupante “la falta de claridad sobre la manera en la cual se lograrán estos objetivos y en cómo instituciones ya existentes van a ser capaces de lograrlo por el simple hecho de mejorar la coordinaciónâ€.
Más aún, para Amnistía Internacional es de llamar la atención “la ausencia de partidas presupuestarias específicamente destinadas a la ejecución de este plan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que se llevará a cabo con recursos previstos para programas como Oportunidades, apuntó.
Es por ello que recomendó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que, “más allá de los compromisos, serán necesarias acciones efectivas que demuestren que esta lucha es efectivamente una prioridad del nuevo gobierno, y una forma de demostrarlo sería precisamente la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, que permite a los gobernados reclamar el incumplimiento de esas garantías a los Estados.

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