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Gran desafío, proteger a periodistas: Segob y PGR



AGENCIA

Martes 13 de Junio de 2017 7:50 pm

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Roberto Campa Cifrián informó que, de diciembre 2012 a mayo 2017, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dio protección a 727 personas.


Garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos contra agresiones del crimen organizado en México representa un “gran desafío” para las autoridades, reconocieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la PGR ante legisladores.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, informó que, de diciembre 2012 a mayo 2017, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dio protección a 727 personas.

Ninguna de las personas protegidas por el Mecanismo ha sido privada de la vida, aunque debo informar que dos escoltas del Mecanismo perdieron en estos últimos meses la vida: Rogelio López Hernández López, el 22 de marzo en Sinaloa, y Alfredo de la Cruz Valle, el 28 de marzo en Baja California Sur. El primero en su labor de proteger a Alama Barraza, defensora de Derechos Humanos; el segundo, en su tarea de proteger a Julio Omar Gómez, periodista en Baja California Sur”, explicó el funcionario.

Hoy, 556 personas -40% de ellas periodistas- reciben protección del Mecanismo. Y es que en lo que va del año siete periodistas fueron asesinados en el país presuntamente por motivos relacionados a su labor.

Al respecto, la PGR informó que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó nuevos acuerdos.

Impulsar un proyecto integral de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión para facilitar la cooperación, la coordinación y la comunicación institucional directa a partir de homologar los procesos y las estructuras institucionales de todas las procuradurías y de la PGR”, informó Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría.

También se trabaja en adoptar un plan rector de capacitación y especialización de los operadores de justicia en la materia y la adopción del protocolo único de investigación y atención a víctimas, así como en el diseño y operación de una estrategia de investigación sobre los delitos.

 

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