Año 61 | Nº de edición 20641

Hoy es

JUEVES POLÍTICO

Nueva credencial

EL año pasado, el Senado de la República exhortó al Instituto Federal Electoral (IFE) a eliminar el domicilio en la credencial para votar, con el argumento del alto número delitos que se registran en el país, como secuestro, extorsión y robo de identidad, por lo que se acordó llevar a cabo un estudio y una consulta para analizar la posibilidad de encriptar estos datos, obteniendo como resultado que sí es factible ocultar algunos, como el domicilio, calle, número exterior y número interior.
En febrero del año pasado, el Consejo General del IFE aprobó el nuevo modelo de la mica, mismo que cuenta con novedosos elementos biométricos, fotografía al frente y al reverso, código de barras unidimensional y microtextos.
Para noviembre, la consejera presidenta provisional del órgano comicial, María Marván Laborde, presentó el nuevo modelo del credencial de identificación y anunció su producción para ser distribuida en los módulos del IFE de todo el país. Aseguró que así el instituto cumplía el compromiso para brindar certeza electoral y que la mica se trataba de “la mejor credencial para votar de nuestra historia”.
De acuerdo con las autoridades comiciales, la nueva mica contiene patrones repetitivos, así como imágenes de líneas finas, similares a los billetes, para verificar la autenticidad a simple vista. La ubicación de la fotografía ahora estará del lado izquierdo.
Cuenta con una “fotografía fantasma”, una zona de lectura mecánica parecida a la que se utiliza en los pasaportes y un código de lectura rápida. Asimismo, tiene elementos táctiles y braille, imagen visible con tinta y con luz ultravioleta, entre otros elementos.
Ante la desaparición del Instituto Federal Electoral y la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), por ahora no hay fecha sobre la vigencia de las actuales credenciales del IFE. Serán los legisladores federales quienes determinen qué pasará con ellas e impondrán un plazo para canjearlas por las del INE.
Desde finales del año pasado, el IFE tiene disponibles los formatos a través de los cuales el ciudadano puede decidir si desea que los datos de su domicilio, como calle, número exterior e interior, aparezcan de forma visible o encriptados en la credencial.
En el caso de las personas que determinen que no salga la referencia domiciliaria, el IFE incluirá un apartado en la solicitud individual de inscripción o actualización al Registro Federal de Electores, donde quedará por escrito la petición.
Una gran mayoría de ciudadanos cuenta con micas del IFE vigentes, relativamente nuevas, que las tramitaron hace apenas uno o 2 años atrás y su validez es hasta 2021, por lo que mueve a suspicacia que, en menos de un año, se haya decidido cambiarlas otra vez, sobre todo por el negocio que encierra la producción de las mismas, tomando en cuenta que se emitirán en los próximos 5 años entre 61.2 millones de credenciales como mínimo y 68.2 millones como máximo.
Según Marván Laborde, las micas tendrán un costo para ese organismo de 8 pesos con 72 centavos, por lo que si multiplicamos ese precio por los 68.2 millones de tarjetas que se calcula emitir, estamos hablando de más de 594 millones de pesos. Es un negocio atractivo para la empresa que preste el servicio o los suministros.
En encuestas levantadas en diversas partes del país, los ciudadanos han expresado que prefieren que en los nuevos documentos se anote su domicilio, con la calle y el número, pues hasta ahora les ha servido como identificación en bancos y establecimientos comerciales. Señalan que si no aparecen de forma visible esos datos, es posible que tengan problemas al tratar de identificarse. No obstante, otras personas sí optarán por que se oculten esas referencias.
La autoridad electoral presume la nueva mica como la mejor credencial para votar de nuestra historia, pues cuenta con 25 elementos de seguridad de alta tecnología. Sin embargo, lo mismo se dijo de las vigentes, pero no hay ninguna garantía de que, unas u otras, no sean falsificadas y que con ello se afecte a las personas en su seguridad y sus bienes.
En mayo de 2012, el periódico La Razón, que circula en el Distrito Federal y zona metropolitana, publicó que en el popular barrio de Tepito se vende por 15 mil pesos una base de datos que contiene el padrón electoral, que incluye los nombres, direcciones, sección y la clave de los ciudadanos que están en el Registro Federal de Electores.
El IFE ha sido en los últimos años un organismo obeso en personal, con un presupuesto creciente, pues tan sólo este año se aprobó un monto de 7 mil millones de pesos para su operación. Ese es el presupuesto anual de un estado como Colima.
Esta semana publicó El Universal que las representaciones de los partidos en el Consejo General del IFE perciben partidas millonarias para los sueldos de sus asesores, secretarias y demás personal de apoyo.
Los representantes de los abanderamientos dispusieron para sus nóminas de 418 millones de pesos entre enero de 2006 y junio de 2013. Ese monto es independiente de los recursos que provienen de sus prerrogativas.
En el caso de los consejeros nacionales del IFE, sus percepciones son igualmente insultantes para los mexicanos, pues cada uno de ellos recibe anualmente más de 3 millones 733 mil pesos, mientras la mayoría de los trabajadores del país no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Además del excesivo gasto en las nuevas credenciales, que ya se entregan desde el año pasado en los módulos del IFE, debemos sumar el derroche millonario en el pago a sus consejeros y representantes de partidos. Lo peor es que el instituto ya no es garantía de certeza y legalidad en los procesos comiciales, de ahí el descontento de amplios sectores sociales en las dos últimas elecciones presidenciales.

Autopista: arreglo o pelea

LOS dirigentes de la organización Asociación de Vecinos de la Autopista El Trapiche-San Marcos, luego de casi un año de diálogo y acuerdos que ahora han sido pospuestos, advirtieron su disposición a colaborar con Banobras y la concesionaria de la carretera, Operadora de Autopistas Sayula, SA (OASSA), por cuanto a sus terrenos corresponde, en la ampliación a seis carriles de esta importante vía, o a pelear, si en esas circunstancias eventualmente los colocan, por irrespetar la autoridad y la concesionaria los acuerdos previos.
Comenzó el conflicto en abril de 2013, cuando los dueños de predios agrícolas encontraron en postes de los lienzos un papel dirigido “a quien corresponda”, firmado por el representante de la concesionaria, advirtiendo que el acceso a sus tierras sería clausurado porque la autopista no debiera tener esas entradas, por riesgosas para los usuarios.
Similar aviso recibieron los propietarios de pequeños negocios asentados en las márgenes del camino, quienes no son dueños de tierras, pero que se ubicaron en acotamientos buscando un trabajo lícito.
A falta de accesos regulares y seguros, los dueños de predios agrícolas los improvisaron porque de otro modo no podrían ingresar a sus ranchos y, sobre todo, porque ellos cedieron parte de sus terrenos cuando se construyeron los cuatro carriles de Manzanillo a Guadalajara. Los constructores nunca previeron esas entradas y salidas, u omitieron el deber de acondicionar caminos laterales y seguros, acaso para ahorrar dinero en la obra. El asunto es que se trata de una práctica que por décadas se consideró normal.
Ante la amenaza, los agroproductores se organizaron, protestaron públicamente en las páginas de Diario de Colima y solicitaron dialogar con la operadora de la autopista y la SCT, así como con Banobras, que es el concesionario legal y financiero de la obra. Incluso, los inconformes tomaron por unas horas la caseta de peaje de San Marcos, en territorio de Jalisco.
Finalmente, luego de varios meses de encuentros y desencuentros, mediante diálogo y la intervención del Gobierno del Estado llegaron a un acuerdo y lograron un compromiso por escrito: los accesos a sus predios se garantizaban con base en un proyecto técnico que mostrarían la concesionaria y Banobras. Tales ingresos se construirían con cargo a la operadora y debían tener la aprobación de los agroproductores.
Organizados, recabaron datos de cada propietario –más de 300– en el tramo El Trapiche-San Marcos, con fotografías de los terrenos y la ubicación precisa. Además, constituyeron una asociación civil para tener personalidad jurídica. En realidad, realizaron un trabajo que correspondía a las autoridades y hasta les facilitaron el contacto, pues son los propietarios quienes se conocen entre sí y los lugares de residencia de cada cual.
Así que hubo disposición de ambas partes para solucionar el conflicto en un término de 6 meses.
Sin embargo, el acuerdo no se ha cumplido por parte de la operadora ni de Banobras porque un nuevo elemento concurre en estos momentos. La autopista de cuatro carriles será ampliada a seis, debido a que el movimiento de carga en el puerto de Manzanillo se ha incrementado y tiende a duplicarse en unos años más. De 2 millones de contenedores que maneja anualmente la terminal marítima, la cifra pasará a 4 millones en 2018, aproximadamente. De esto se deriva la necesidad urgente de ampliar la carretera, ya que aun con el aumento del transporte de carga por ferrocarril una vez terminado el túnel ferroviario de San Pedrito, adyacente a los muelles, más tráileres circularán hacia Guadalajara y Manzanillo, por importación o exportación de mercancías.
La operadora tiene razón en posponer el cumplimiento del acuerdo del año pasado con los agroproductores, ya que la ampliación de la carretera modificaría mucho de lo que ahora se hiciera. Sería trabajar y gastar en un proyecto y obras que pronto quedarían, en al menos amplios tramos, caducos. Eso lo comprende la Asociación de Vecinos y está dispuesta, según declararon su presidente, Édgar Guedea González, y los consejeros Óscar Guedea de la Mora y Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, en entrevista publicada ayer en Diario de Colima. Pero al mismo tiempo se mantienen en la postura legítima de que se les garantice el espíritu del acuerdo: que los accesos a sus predios se les respeten, aun con la ampliación de la vía.
En tal circunstancia, esperan que la concesionaria, Banobras y SCT –que se encargará de la obra de los seis carriles– contacten a los agroproductores y refrenden el convenio en las nuevas condiciones. Están dispuestos tanto a colaborar como a pelear, dijeron, si los orillan a asumir la confrontación. Así, sería mejor que no esperaran a que las autoridades se acerquen a ellos, sino que demanden audiencia y diálogo para evitar futuras sorpresas desagradables, ahora que es tiempo de hablar, prever y prevenir, de arreglar el conflicto por vía de acuerdos.
Por lo demás, debe entenderse que la edificación de ingresos técnicamente adecuados es una necesidad real, a fin de garantizar la seguridad tanto de los agroproductores como de los usuarios de la autopista al momento de entrar o salir de los predios adyacentes a la ruta asfáltica. Como se tienen ahora los accesos es una improvisación por imprevisión o negligencia, como decíamos, de los constructores originales de la autopista, y fue literalmente el único camino que les dejaron a los dueños de los predios. Y también es cierto que de ese modo el peligro de accidentes es constante para ellos y para quienes transitan por esa vía.
Resolver técnicamente las entradas, respetar el derecho que tienen los vecinos de la autopista y garantizar seguridad a los usuarios son necesidades imperiosas que se deben satisfacer. La vía del diálogo es la más recomendable.

Pobreza y abandono

LA señora Juana Bautista Ruiz es una de las millones de personas en el país que junto con su familia carece de los más elementales servicios, como el agua potable y la energía eléctrica, para tener una vida digna. Ni siquiera cuenta con hogar propio, pero desde hace 3 años habita una vivienda en la calle Lacustre del Malecón –cerca de las vías del tren– en la colonia Elías Zamora Verduzco, de Manzanillo.
Ella corresponde al grupo de mexicanos conocidos como paracaidistas, que son aquellas personas que se establecen en asentamientos irregulares porque no tienen un techo dónde vivir, aunque en muchas ocasiones el fenómeno ocurre como una forma de negocio de seudolíderes políticos o sociales.
En la edición del lunes anterior, Diario de Colima publicó varias fotografías y la nota periodística donde esta mujer comenta cómo es que ante la falta del servicio de agua, desde hace un año se ha visto en la necesidad de acudir a lavar la ropa a la orilla de la autopista Colima-Manzanillo, donde aprovecha el pequeño nacimiento de agua que brota del cerro.
Lavar la ropa en ese lugar le toma varias horas: de 12 del día a 4 de la tarde. “Lleva consigo un montón de ladrillos, los cuales apila a un lado del canal para el agua pluvial de la autopista y acomoda encima la tapadera de una hielera, misma que utiliza como lavadero. Asimismo, coloca dos mangueras sobre el brote de agua para obtener el vital líquido” (que vierte en baldes), relata la reportera Nalleli Falcón en su reporte periodístico.
La señora Juana Bautista nació en Guerrero, pero su familia la trajo a vivir a Manzanillo cuando ella apenas tenía un año de edad. En el puerto ha radicado desde entonces; tiene seis hijos, la menor de 14 años, y una nieta de 7 meses, todos viven con ella, así como su esposo, que es originario de Tecomán, avecindado en el municipio porteño desde hace 15 años.
El problema de la falta de agua potable y de electricidad la padecen 50 personas de la misma colonia. El grupo de habitantes ya presentó un escrito solicitando los servicios al Ayuntamiento de Manzanillo, sin éxito. “El motivo que nos dan es porque somos paracaidistas”, explicó.
Como respuesta a esta denuncia pública, el presidente municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, dijo que giró instrucciones a las Direcciones de Desarrollo Social y Urbano para que se “estudie” el problema y ver la forma de apoyar a la gente que habita el lugar. Sin embargo, advirtió que al encontrarse estas personas invadiendo predios, su situación es irregular y “como autoridad no podemos entrar a dar servicios”.
Agregó que el tema de los paracaidistas se ha vuelto un problema social serio, donde gente de otros estados viene a Manzanillo en busca de oportunidades de empleo, y al no encontrarlas, se queda deambulando.
Es inconcebible que Mendoza Amezcua, pese a ocupar la Presidencia Municipal porteña por segunda ocasión, no tenga conocimiento de las condiciones en que se encuentran estas personas que habitan en la colonia Elías Zamora. Es cuestionable también que, siendo la máxima autoridad local, tampoco esté enterado de los 50 colonos que viven en la ilegalidad, cuando posee la facultad de impedir que se establezcan en predios privados, así como está obligado a encontrarle acomodo a la gente necesitada.
Aun cuando al Edil le asistiera la razón de que se trata de gente de otros estados del país que llega a instalarse a Manzanillo, que no es el caso, su dicho resulta por demás lamentable, porque aunque así fuera, son mexicanos que tienen los mismos derechos que los manzanillenses para acceder a los más elementales servicios públicos que les permita llevar una vida digna. Así lo mandata la Constitución General de la República. Quizá a Virgilio se le ha olvidado que él mismo no es nativo de Manzanillo, sino de Armería, y deja de lado que el puerto ha convertido a la ciudad en una urbe cosmopolita, al menos en la conformación de su población, tanto nacional como extranjera.
La señora Juana Bautista es manzanillense porque ahí ha vivido desde que tiene un año de edad, sus hijos nacieron ahí, y su pareja es de Tecomán. Por tanto, se trata de una familia que ha echado raíces en Manzanillo, que a su vez forma parte del estado de Colima, y que seguramente viven en la pobreza porque no han tenido una oportunidad para procurarse un mejor futuro, como ocurre con millones de mexicanos, que están prácticamente en el olvido de las instituciones públicas y de los gobernantes.
El alcalde porteño se advierte insensible ante este problema social, pareciera que está perdiendo piso por ocupar un cargo público. Es increíble que no se haya percatado de la grave situación por la que atraviesan estas personas luego de ver la imagen de la señora Juana y su hija lavando ropa en la autopista, incluso con el riesgo de sufrir un accidente. ¿Cuántas historias similares habrá en Manzanillo, en el estado y en el país entero?
El miércoles de la semana pasada, el director del Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (Insuvi), José Carvajal Larios, dio a conocer que en la zona de Palafitos, en la laguna de Cuyutlán, también en Manzanillo, está siendo invadida por familias que llegan en busca de un lugar dónde vivir. Sin embargo, el lugar representa un peligro para las personas, no sólo por el vaso lacustre, sino también porque por ahí pasará una parte del túnel ferroviario.
El Funcionario recordó que desde el Gobierno de Griselda Álvarez se dio la desocupación de Palafitos, que en aquella época había sido invadido y representaba un peligro para las familias, mismas que como parte del proyecto de desalojo, fueron reubicadas en Valle de las Garzas.
Con una visión similar debe proceder Virgilio Mendoza en el caso de la señora Juana Bautista y demás familias que habitan en condición irregular en la colonia Elías Zamora, las cuales no llegaron ayer, sino que tienen años viviendo ahí en ínfimas condiciones. Si están en la ilegalidad, que la autoridad actúe, pero también debe darles alternativas de reubicación en un espacio seguro y digno. La Carta Magna mandata a los gobernantes procurar los satisfactores mínimos de bienestar a las personas, independientemente de si son o no originarias de la entidad donde radiquen, porque se trata de mexicanos y para la ley todos somos iguales.

A la postre

HACE un par de semanas, el CEN del PRI nombró al ex gobernador Fernando Moreno Peña secretario regional en Nayarit, Guanajuato, Jalisco y Colima, tomando posesión del cargo en los primeros tres estados, quedando únicamente pendiente que lo haga en nuestra entidad.
Ello se hizo conforme a la reforma estatutaria del Revolucionario Institucional de marzo de 2013, en la que se determinó designar a priistas destacados para ocupar ese cargo, por lo que con la representación del presidente del CEN, César Camacho Quiroz, los secretarios de Organización y de Elecciones, José Encarnación Alfaro y Samuel Aguilar, respectivamente, le dieron el nombramiento al colimense y aclararon que Moreno Peña será el enlace entre el Comité Nacional y los tricolores de los cuatro estados, con miras a “organizar” al partido de cara a los comicios federales y locales de 2015 que se celebran de manera concurrente.
Posterior a este anuncio, el viernes 24 de enero, el gobernador Mario Anguiano Moreno declaró que Fernando Moreno, en su carácter de secretario regional, “no impondrá criterios” para la selección de candidatos a cargos de elección popular para 2015, y que su relación con él será de “respeto” y “sin confrontación”. “Hay criterios que son los que se definen para determinar quién sea candidato y no variarán si está un coordinador, estatal o regional, no creo que varíe”, dijo Anguiano en entrevista con los medios.
Aunque el Mandatario reconoció que Moreno Peña ha sido “bien valorado por el CEN del PRI”, también apuntó que “sus criterios no regirán para determinar quién será el candidato”, y recordó que “para nadie es desconocido que él (Fernando Moreno) nunca hubiese deseado que yo hubiese sido candidato del PRI, primero, y por lo que él declaraba, no hubiese deseado que yo fuera Gobernador, para nadie es desconocido”. Agregó: “No aspiro a que quede como candidato alguien que sea o que llegue porque sea mi amigo. No he centrado esa expectativa ni esperanza. Vamos a pelear por que se respeten los criterios que permitieron que yo llegara”.
Sin duda que esta declaración encierra los puntos torales de la relación entre ambos priistas, que siempre ha sido ríspida, y aunque Mario Anguiano tiene razón al señalar que Fernando Moreno nada hizo para que fuera designado postulante a Gobernador en 2009, ni para que ganara la gubernatura, es cierto que tampoco trabajó en contra, agregamos. Tomando en cuenta que el ex mandatario es un político institucional y leal al PRI, es probable que busque un entendimiento de respeto mutuo.
No será fácil la relación entre los dos, sin embargo, vale más que se lleven bien, porque en 2015 el PRI no tiene la seguridad de retener la gubernatura. Por esa razón se requiere de unidad y de una mentalidad positiva de todos para nombrar candidato al Gobierno del Estado al mejor militante priista. De otra manera, el tricolor estaría cavando su propia tumba en Colima.
Ahora que si Moreno Peña no toma posesión en Colima del cargo que le confirió el CEN, significará que Anguiano Moreno pidió su cabeza al PRI nacional.
La semana pasada, el ex diputado local y ex regidor de Tecomán, Flavio Castillo Palomino, resultó lesionado en un percance automovilístico ocurrido en la carretera libre Armería-Manzanillo, cuando la caja de un tráiler cayó sobre el vehículo en que viajaba. Como Legislador, pugnó en reiteradas ocasiones por que la SCT corrigiera algunas curvas peligrosas, prohibiera el doble remolque y colocara reductores en varios puntos de la autopista y la carretera libre, para precisamente evitar accidentes. Nunca le hicieron caso y ya vimos lo que sucedió.
No obstante, la dependencia federal, a cargo de Alejandro Torres, aún está a tiempo de hacer eco a estas exigencias y ordenar lo conducente, pues los incidentes provocados por los tráileres son constantes; pero también debe tener inspectores en el puerto interior para verificar que la carga vaya bien sujeta al remolque. La buena noticia es que Flavio Castillo ya se encuentra fuera de peligro y reintegrándose poco a poco a sus actividades cotidianas.
En las dos últimas visitas que ha realizado al estado el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó la atención el que lo acompañara el colimense Mario Delgado Carrillo, quien es senador del Distrito Federal por el PRD.
Si Mario Delgado piensa emigrar a Morena, debería renunciar a las filas del partido del sol azteca o declararse legislador independiente, pues se ve mal que se mueva en dos organizaciones políticas a la vez. Por lo pronto, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ya dijo a los medios de comunicación el pasado 26 de enero, al salir del informe de Delgado Carrillo, que a pesar de que hay “muchos dirigentes perredistas” que les gustaría verlo fuera, no piensa renunciar a su militancia: “No les vamos a dejar tan fácil las cosas”. Ya veremos si sostiene su dicho antes del proceso presidencial de 2018.
En el marco de los Foros de Consulta Ciudadana para la Reforma Electoral del Estado, un grupo de jóvenes recién egresados del Diplomado de Género de la Universidad de Colima, representados por la Subdirectora General de Diario de Colima, Patricia Sánchez Espinosa, propuso cambios en el artículo 257 del Código Electoral del Estado.
El planteamiento consiste en adicionar una fracción correspondiente a la asignación de diputaciones plurinominales como vía para garantizar la paridad de género en la Legislatura del estado de Colima.
Ante ciudadanos, organizaciones, partidos y expertos en la materia, nuestra Subdirectora General detalló que la propuesta es resultado del análisis en materia de equidad de género, para el registro de candidaturas a los distintos puestos de representación popular, establecidas en el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (Cofipe) y en el Código Electoral del Estado de Colima.
Esta aplicación garantizaría la paridad femenina y masculina en el Congreso, pues se dotaría de estabilidad política real a través de un enfoque objetivo por medio de la representación proporcional.



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