Año 61 | Nº de edición 20573

Hoy es

Denuncian extracción de oro y plata en Zacualpan

Gabriela FLORES
COMALA, Col.
Martes 26 noviembre 2013 8:09 am  

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), denunció que un empresario local ha corrompido a autoridades para extraer oro, plata y cobre, pese al rechazo de la comunidad nahua de Zacualpan.
Mediante boletín de prensa, Rema expuso que “sin información ni consentimiento del sector indígena, el dueño local de la concesión minera 201872, Rigoberto Rodríguez”, pretende extraer esos materiales.
Señaló que esa intención tiene el apoyo de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz; del gobernador Mario Anguiano; del alcalde de Comala, Braulio Arreguín, y de “autoridades comunales corrompidas por el empresario”.
La agrupación ambientalista señaló que el 18 de este mes, alrededor de 300 comuneros y avecindados en los alrededores de Zacualpan sostuvieron una asamblea informativa sobre los efectos de la minería.
La reunión dio como resultado una declaración de la comunidad indígena nahua de esa población, donde acordaron no permitir la instalación de ninguna empresa en su territorio.
Pero también determinaron “promover al territorio libre de minería; capacitarse para defender su área y rechazar cualquier intento de oferta o dádiva del empresario o del Gobierno, con el fin de lograr la licencia social”.
No obstante, los ambientalistas aseguran que un día después de la asamblea, “el Ejército Mexicano, de manera intimidante se presentó a la comunidad indígena”.
Comentan que más tarde también acudieron el Edil y personal de la Comisión Nacional Forestal, para entregar un reconocimiento a la comunidad por reforestación.
Rema se sumó a los acuerdos indígenas y responsabiliza al Gobierno Estatal y al empresario “de cualquier medida coercitiva, de presión y chantaje, intentos de corrupción y división comunitaria, de cualquier tipo de amenaza o amedrentamiento a la comunidad nahua”.
Pues asegura que esos signos “ya se están observando con la entrega de proyectos y otros fondos a las comunidades del municipio para lograr dividirlos”.
Los ambientalistas destacaron el hecho de que Colima se encuentra amenazado por más de 360 concesiones mineras que abarcan prácticamente todo su territorio, a excepción de los Volcanes.
Advirtieron que todos estos permisos traerán consecuencias socio-ambientales irreversibles y de gran impacto a la entidad.
Recordaron que la defensa de los derechos humanos, la tierra y los territorios, ha cobrado población amenazada, asesinatos y desparecidos, como el caso de Celedonio Monroy Prudencio, quien luchaba contra la empresa ítalo-argentina-hindú, Peña Colorada.
En ese sentido, exigieron el total e irrestricto respeto a la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan.
Pero además hicieron “un llamado a la opinión pública, a la solidaridad nacional e internacional, a estar atentos a esta situación que vive el pueblo nahua”.

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